Vitoria. La diputada foral de Obras Públicas y Transportes de Álava, Alicia Ruiz de Infante, manifestó ayer su satisfacción por la decisión de la Diputación de Gipuzkoa de no implantar el peaje para vehículos ligeros en la A-1 a su paso por aquel territorio. Al respecto, la diputada de Movilidad e Infraestructuras de Gipuzkoa, Larraitz Ugarte, explicó en una entrevista a la Agencia Efe que su propuesta de peaje para residentes en otros territorios ha quedado limitada al transporte pesado.

Álava se ha mostrado siempre en contra de esta intención inicial de la institución foral guipuzcoana, dirigida por Bildu. En ese sentido, Ruiz de Infante, que respondió ayer en la comisión correspondiente de las Juntas Generales de Álava a preguntas de los grupos sobre esta materia, añadió que se alegra por el cambio de la Diputación guipuzcoana. Esto supondrá que Gipuzkoa va a actuar "en la línea" de lo defendido por Álava y, por tanto, a su juicio "no se va a distorsionar el mapa de la movilidad". La diputada alavesa admitió, no obstante, que en algún momento se abrirá el debate sobre la imposición de peajes en todas las carreteras de titularidad foral, pero precisó que ahora "no es oportuno y está descartado".

"Sólo podría implantarse con un consenso amplio y en todos los territorios por igual", ha señalado Ruiz de Infante, quien ha insistido en que en momentos de crisis "no se puede cargar a los ciudadanos con más gastos".

En otro orden de cosas, el diputado foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de Álava, Aitor Uribesalgo, explicó ayer a medio centenar de empresas las medidas que se han puesto en marcha para luchar contra el fraude fiscal en el territorio. El citado participó, junto con otros responsables del diseño de la política fiscal alavesa, en una jornada en la sede de SEA Empresarios Alaveses bajo el título Responsabilidades del empresario y nuevas medidas de lucha contra el fraude fiscal.

El diputado foral del ramo subrayó la importancia de perseguir con la "máxima firmeza" estas prácticas "perniciosas para toda la sociedad" y dejó claro que la lucha contra el fraude es un "objetivo prioritario" porque la crisis y la falta de recursos "hace más imprescindible buscar la equidad impositiva".