vitoria. La Fiscalía de Álava pide cuatro años de cárcel para el socio de una empresa de Vitoria acusado de utilizar un auto penal de un antiguo empleado para "menoscabar su credibilidad empresarial" y quitarle clientes. En este procedimiento, que será juzgado la próxima semana por un tribunal de la capital alavesa, también están imputados otros dos socios de la empresa que, según el ministerio público, también contribuyeron a desvelar el contenido de ese auto y para los que pide dos años y tres meses de cárcel. En el escrito de la Fiscalía, se relata que los tres acusados eran socios de una empresa mercantil vinculada con la rama química con sede en Vitoria en la que trabajó la víctima entre 1993 y 2005. Posteriormente, en febrero de 2006 esta persona comenzó a trabajar en otra empresa del mismo ramo.

Sin embargo, en mayo de 2007 llegó a la primera de las dos empresas en la que había trabajado la persona perjudicada en esta causa un auto procedente de un Juzgado de lo Penal de otra provincia española, derivado de la ejecución de una pena de un año de cárcel, en la que se acordaba la remisión definitiva de la condena. El auto fue remitido a esa dirección porque era el que el afectado había facilitado al Juzgado a efectos de notificación pero fue uno de los antiguos socios de éste el que recibió y firmó el acuse de recibo y lo abrió "guiado por el ánimo de descubrir la intimidad" del extrabajador. La Fiscalía añade que este acusado "nunca entregó" el auto ni "comunicó la recepción del mismo" a su verdadero destinatario.

Además, el acusado entregó a los otros dos imputados en esta causa el auto y los tres en "connivencia" y sin "conocimiento ni consentimiento" del antiguo empleado, "exhibieron y revelaron el contenido" del mismo a personas vinculadas comercialmente con éste entre 2006 y 2010, siempre según el escrito del ministerio público. Todo ello "con la finalidad de menoscabar la credibilidad empresarial" y perjudicar a su extrabajador.

La Fiscalía considera que estos hechos constituyen un delito de descubrimiento y otro de revelación de secretos. Imputa ambos a uno de los acusados y para los otros dos sólo el de revelación de secretos de ahí la diferencia en la solicitud de pena de cárcel. También pide sendas multas de 9.000 y 9.900 euros para estos dos últimos.

El citado no es el único caso en el que los tribunales han tenido que terciar ante presuntas malas artes en el mundo empresarial. De hecho, este diario publicó hace apenas unos días que el gasteiztarra Juan José Macho, en sus propias palabras, había logrado desenmascarar a un empresario "tramposo", capaz entre otras cosas de presentar un ERE por causas económicas cuando la situación real de su negocio era otra bien distinta. Se trata, en esencia, de lo que ha dictaminado una sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria y, posteriormente, ratificado el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) tras la denuncia presentada por este trabajador.

Macho, despedido el mes de abril de 2012 junto con otros ocho compañeros en el marco del citado ERE, sospechaba que su empresa, Buruplast, simulaba encontrarse en una tesitura económica delicada y, para conseguirlo, desviaba gran parte de sus beneficios a otra sociedad, controlada por el propio administrador de la firma. Así sería posible justificar un ERE de estas características, que además podría saldarse con unas indemnizaciones a la baja 20 días por año trabajado aprovechando la reciente aprobación de la reforma laboral. Existían sospechas, pero no certezas. Así que Macho puso el caso en manos de los abogados para intentar acreditar que esas sospechas eran realidades. El Juzgado de lo Social declaró finalmente improcedente el despido de Macho al no quedar demostrada esa situación "crítica" en la que supuestamente se encontraba la empresa. Éste es el término que empleó en su carta de despido y que permitió dar luz verde al ERE. En consecuencia, condenó a Buruplast a indemnizar a su exempleado con 45 días por año. El tribunal da por probado que Buruplast realizó "importantes desembolsos" a favor de Asoraba, esa otra sociedad controlada por el empresario demandado con el mismo domicilio y centro de trabajo que la primera.