eL efecto mariposa de la política ha estado a punto de convertir la decisión de un burócrata en Madrid en un misil directo al corazón de Álava. Arraigados a la idiosincrasia del territorio desde hace décadas, los concejos transitan por la cuerda floja desde hace tiempo cual funambulista sobre una piscina de tiburones, en este caso, sobre la conocida como Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, lanzada por Mariano Rajoy con la excusa de controlar el gasto en los municipios y entidades locales menores. No en vano, realidades como los concejos alaveses, según la nueva legislación -que el pasado viernes recibió el plácet para su debate, modificación y aprobación en la comisión del ramo de las Cortes españolas-, iban a quedar reducidas a la mínima expresión, ninguneados en sus competencias y obligados a rendir -y presentar- cuentas directamente al Estado en lugar de hacerlo a la Diputación, como ocurría hasta ahora.
Sin embargo, hace dos semanas, justo antes de que el árbitro pitara el final del partido y el proyecto normativo pasara a ser valorado en el Congreso de los Diputados, el PNV pactó con el Gobierno central un acuerdo específico para proteger la foralidad vasca y blindar -con matices- a los más de trescientos concejos de Álava. Los representantes de dichas entidades locales han acogido la noticia con alivio, pero no las tienen todas consigo. Regateada la posibilidad de desaparecer de un plumazo como establecía el primer borrador, la propuesta legislativa deja la puerta abierta a que, al igual que en el resto del Estado, los concejos se vean forzados a cumplir nuevas obligaciones que hasta ahora no formaban parte de la lista de futuras amenazas. A la espera de que finalice el periodo de enmiendas parciales y la tramitación de urgencia ponga el sello a tan cuestionada legislación a finales de noviembre, los concejos se congratulan al menos de haber salvado este nuevo match-ball que el Ejecutivo de Madrid les lanzó hace unos meses.
"De momento el acuerdo parece un buen paraguas. En lugar de pitar el final del partido nos han concedido una prórroga", explica con símil futbolístico Agustín Otsoa. Su comparación deportiva no es casualidad, pues el actual presidente de la Junta Administrativa de Domaikia fue en su momento director de Euskera, Cultura y Deporte de la Diputación alavesa. La forma con la que ha recibido el acuerdo para salvar los muebles de los concejos no difiere demasiado de la del presidente de ACOA, la asociación que agrupa a 252 concejos de Álava.
Rostro visible de la agrupación en mil y un batallas, Javier Argote transita entre el alivio y la incertidumbre a la hora de valorar el documento que avala la continuidad de las agrupaciones vecinales alavesas. "Como ahora los textos de las leyes se hacen para que no se entiendan, el documento al que hemos tenido acceso es farragoso y da lugar a interpretaciones. Por un lado se salva la foralidad y se permite que sean las Juntas Generales las que desarrollen y apliquen la ley, pero estamos hablando de una legislación básica de obligado cumplimiento y, aunque se aplique por las instituciones de aquí, va a haber cosas que no podrán cambiar de ninguna manera", explica Argote, que basa sus dudas en tres nuevos puntos introducidos por el Gobierno de Rajoy para tener bien controladas a ayuntamientos y agrupaciones menores.
espada de damocles "Por un lado, si se crea un nuevo concejo o se intenta recuperar uno antiguo, no podrá tener personalidad jurídica, por lo que será menos que una comunidad de vecinos. Además, si un Ayuntamiento entra en quiebra, los concejos a los que pertenece desaparecen automáticamente, aunque el propio Ayuntamiento no. Por último, estaremos obligados a presentar las cuentas cada tres meses, aunque esto nos preocupa menos porque somos entidades perfectamente saneadas", enumera el presidente de ACOA, que confía en que a lo largo del mes de noviembre la ley admita las enmiendas presentadas en el llamado manifiesto de Elorriaga, en el que asociaciones de todo el Estado instan al Gobierno a reconsiderar su ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local. "Nosotros, los concejos alaveses, hemos tenido suerte y recibimos el acuerdo específico sobre nosotros como un respiro, pero es una pena que en el resto del Estado se vaya a aplicar tal cual esta ley. Es terrible. Los ciudadanos no son conscientes de lo que puede suponer esto", lamenta con cierta consternación Miren Fernández de Landa, presidenta de ACOVI, que reúne a los concejos del municipio de Vitoria.
Con todo, el miedo a que Álava se vea despojada de uno de sus principales motores de participación ciudadana parece quedar suspendido durante un tiempo. O al menos hasta que la Diputación no decida volver a la carga. "Puede que Madrid no nos vaya a controlar directamente como querían, pero el miedo a que la Diputación vuelva a querer modificar la normativa foral para hacernos desaparecer sigue ahí. No será con esta ley, pero puede que sea vaciando poco a poco nuestras competencias o dejándonos morir de inanición", apuntan desde ACOVI.
Conscientes de que son rara avis en un contexto político que ahoga cada vez más la voz de los ciudadanos, los concejos temen que esta nueva afrenta se mantenga aletargada durante un tiempo a la espera de resurgir de nuevo en el futuro. "Quieren una batalla de agotamiento hasta que al final quedemos como un símbolo. Quieren alejar el poder de la gente porque para las formaciones políticas somos molestos. No creo que el PP se atreva a a cortarnos de cuajo descaradamente, pero sí de forma paulatina por vías como las que esta ley pretende implantar sí o sí", resalta Agustín Otsoa. "Con esta nueva ley tenemos una espada de Damocles, independientemente de que en Álava no vaya a entrar en vigor como en otros sitios. Nos quedan muchas dudas. Las causas de disolución, las competencias... Eso de que la ley no se va a aplicar en el País Vasco no es real al cien por cien, al menos por lo que estamos viendo. Seguiremos rindiendo cuentas a la Diputación como hasta ahora y por eso el acuerdo alcanzado está bien, pero no nos salva de la aplicación de la ley, que era lo que pedíamos en nuestra enmienda", incide Javier Argote.
Y así, mientras duermen con un ojo cerrado y otro abierto porque, como teme Miren Fernández de Landa, "ésta no va a ser la última vez que el PP intente quitarnos de en medio", los concejos de Álava sobrevivirán por ahora tras el acuerdo alcanzado entre el PNV y el Gobierno de Madrid. Mientras tanto, la labor de uno de los últimos eslabones de la democracia más real y diáfana puede respirar hoy un poco más tranquilos.
