vitoria. En el último minuto el PNV arrancó al Gobierno de Mariano Rajoy un acuerdo por el que se blindan las especificidades del régimen foral ante la reforma legislativa en ciernes. Este compromiso implica dos cosas. Una, que los municipios vascos podrán sortear la tutela financiera y el control del Ministerio de Hacienda. Otra, que tendrán un margen mucho más flexible que el resto de ayuntamientos del Estado para establecer el coste de los servicios que prestan a los ciudadanos. El texto, ya cerrado, fue formalizado minutos antes de que el Congreso votara las enmiendas a la totalidad que los grupos de la oposición presentaron al Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, más conocida como reforma local. A consecuencia de dicho compromiso entre el PP y el PNV, los jeltzales retiraron su enmienda a la totalidad, ya que hasta llegar al acuerdo, el Ejecutivo central había incumplido su propia propuesta de resolución, la única aprobada en el último debate del estado de la nación, que reflejaba que la ley iba a respetar la singularidad del entramado institucional vasco.
El proyecto de ley, que hace tábula rasa de todos los ayuntamientos incluso los eficientes, como es el caso de la mayoría de los de la CAV, pretende ahorrar 8.000 millones de euros en dos años, según sostiene su impulsor, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Gracias a las propuestas jeltzales, se adecua el texto a lo que marcan el Estatuto de Gernika y la Ley del Concierto Económico. Asimismo "reconoce la tutela financiera" de las diputaciones forales y que la interlocución de los ayuntamientos vascos será únicamente con los entes forales, no con el Ministerio. La implicación de estos cambios blinda el futuro y viabilidad de los 335 concejos alaveses.
