Vitoria. El director de Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria en 2007, cuando se firmó el cuestionado alquiler de los locales del empresario Gonzalo Antón de la calle San Antonio, y que iba a suponer, antes de que se renegociara recientemente, el desembolso de seis millones de euros a las arcas municipales, asumió ayer la autoría del mismo y lo defendió como ventajoso para la institución. Iñaki Díez Unzueta admitió, por otro lado, que despachaba con el alcalde, Alfonso Alonso, sobre ésta y otras cuestiones; y que el entonces concejal de Hacienda y hoy primer edil, Javier Maroto, no mostró un especial interés por alquilar el local.
Esto, que es lo que se dijo ayer, a puerta cerrada, en la comisión de investigación sobre el polémico arrendamiento, dio pie a dos interpretaciones bien diferentes, la del gobierno municipal y la de la oposición. Según la concejala del PP Ainhoa Domaica, el director de Hacienda con Alfonso Alonso afirmó que "no hubo instrucciones políticas para contratar el local", y que "gozaba de autonomía" para gestionar este tipo de acuerdos.
Para la presidenta de la comisión, la socialista Maite Berrocal, el concejal del PNV Borja Belandia y el edil de EH Bildu Antxon Belakortu, la clave de la declaración de Díez Unzueta está en creer o no que un técnico municipal pueda decidir por su cuenta y riesgo un contrato de seis millones de euros sin que el alcalde lo sepa y dé su visto bueno.
El exdirector de Hacienda, cuyo cargo en aquel entonces había pasado de ser técnico a político, señaló que el alquiler se tasó en 11,3 euros el metro cuadrado, pero que él decidió ampliarlo a 14 euros el metro por su conocimiento del mercado inmobiliario de la época. Ainhoa Domaica señaló que un "informe independiente" de la inmobiliaria Trinosa tasó el arrendamiento en esa zona en 22,12 euros, por lo que Díez Unzueta incluso se quedó corto en su valoración, y los técnicos que emitieron el informe original, mucho más.
En cuanto al hecho de que la duración del contrato pasara de diez a veinte años, el exdirector de Hacienda afirmó que se hizo así para que las cuotas de pago de las obras, que también asumía el Consistorio, fuera más llevadero. Y en lo relativo al blindaje -si el Ayuntamiento decidía dejar la oficina, tenía que pagar hasta que se cumplieran las dos décadas desde la firma-, el compareciente declaró que así lo estipula la Ley de Arrendamientos Urbanos para los locales comerciales.
¿Pujaron otras instituciones? Por otro lado, ayer Ainhoa Domaica aseguró que ella misma, en calidad de diputada de Bienestar Social, visitó las oficinas de San Antonio, lo que a su juicio prueba que existía un interés de la Diputación, -"doy fe", dijo-, por el local, argumento utilizado en su día por el equipo de gobierno para justificar el sobreprecio. El exdirector de Hacienda dijo que sí había otras instituciones interesadas por las oficinas, aunque dijo no recordar cuáles, y por otro lado la Diputación desmintió en su día que pujara por la lonja. Fue la empresa de Antón la que ofreció el local a la institución foral, que lo rechazó.
En el Palacio de la Provincia existe constancia documental de ese episodio, pero en el Ayuntamiento no hay ningún documento relativo al alquiler más allá del propio contrato, de la tasación y del acuerdo que obliga al Consistorio a pagar los seis millones aunque decida marcharse de las oficinas antes de tiempo.
