Vitoria. Según declaró un técnico del Ayuntamiento de Alcalá de Henares a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales en 2009, un día un concejal puso sobre su mesa un pliego de condiciones y unas fórmulas matemáticas muy concretas para que el concurso público de turno lo ganara la empresa que lo tenía que ganar y las demás quedarán legalmente eliminadas.

Ayer el PSE vitoriano, cuidándose muy mucho de cometer un delito -"no vamos a afirmar que hubo ilegalidad", señaló su portavoz, Patxi Lazcoz- hizo públicas sus sospechas sobre cómo se pudo amañar, si se hizo, el concurso que en 2005 adjudicó la construcción y gestión de la planta de residuos de la construcción de Gardelegi a una empresa que compraba contratos públicos a la Gürtel. Los socialistas fueron tan lejos en sus conjeturas, que ayer comunicaron convenientemente documentadas al juez Ruz, instructor del caso en la Audiencia Nacional, porque al investigar la contratación en Vitoria de Sufi -la empresa ligada a la trama- se encontraron con un pliego de condiciones único en el Consistorio vitoriano que relacionaron con lo sucedido en Alcalá.

Es la única adjudicación de la historia del Ayuntamiento -que sepan los socialistas- en la que se exigía una puntuación económica mínima, un requisito que eliminó a las otras cuatro aspirantes a hacerse con el contrato antes de la fase final del proceso. Por otro lado, explicó ayer Lazcoz, la fórmula matemática elegida para calcular esa oferta económica es "ininteligible" incluso para expertos consultados por este grupo municipal.

Por todo ello, el portavoz del PSE en Gasteiz alberga "sospechas, pero con mayúsculas", de que alguien llegó un día a Vitoria, como ocurrió en Alcalá, con un contrato redactado "a la carta" para que Sufi se llevara la adjudicación de Gardelegi.

Esas sospechas se vieron reforzadas cuando el PSE preguntó por escrito al alcalde, Javier Maroto, si el pliego era o no la copia de otros documentos de otros municipios adaptada al caso concreto de la planta de residuos vitoriana. "¿Dónde se hizo el pliego? ¿Alguien lo trajo a Vitoria y ya nunca más se utilizó?", se preguntaba ayer Lazcoz.

Cuando estalló toda esta polémica, el concejal de Hacienda, Manu Uriarte, acudió a dar explicaciones respaldado por ocho técnicos municipales que comprometieron su palabra por la legalidad de aquella contratación. ¿Extiende Lazcoz las sospechas a todos estos funcionarios? No. "Creemos que la actuación técnica fue absolutamente correcta", explicó el portavoz socialista, quien señaló que en el caso de Alcalá los rumores ya circulaban por el Ayuntamiento cuando al técnico le dijeron qué pliego había que imponer. En Vitoria, dijo Lazcoz, los funcionarios no tenían por qué sospechar si se les entregó un pliego concreto sobre el que trabajar. Además, señaló, el juez Pedreira, que elaboró la investigación sobre el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no ha implicado a "técnicos conchabados, sino a políticos que daban órdenes".

Vitoria en el congreso Por otro lado, ayer el portavoz del PNV en el Consistorio vitoriano, Gorka Urtaran, afeó al alcalde Maroto la pobre inversión para Álava fijada en los Presupuestos Generales del Estado para 2014 y anunció que el grupo jeltzale en el Congreso planteará enmiendas por valor de 25 millones para la ciudad. Entre esas partidas que se exigirán hay dotación económica para el aeropuerto de Foronda, la integración del ferrocarril en Vitoria, la rehabilitación de la sede del Banco de España, la reforma del Teatro Principal o el apoyo a la asociación Bizitza Berria.

Urtaran afirmó que, en 2013, cada gasteiztarra ha aportado 467 euros al Estado y ha recibido a cambio 57 céntimos, dado que las partidas para Álava desde Madrid han pasado de los 124 millones de euros de 2012 a los 67 millones de este año, una cantidad que en 2014 se quedará en 46 millones, la mayoría de ellos destinados a las obras del TAV.

El alcalde, por su parte, afirmó que esa inversión en la alta velocidad supone un importante impulso para Álava y Vitoria, y contraatacó afirmando que el Gobierno Vasco ha retirado la ayuda al consorcio de centros de Formación Profesional Egibide. Para Maroto, Urtaran ha lanzado las críticas sobre los presupuestos estatales para buscar "una excusa" que le permita no negociar las Cuentas municipales con el PP.