Gasteiz. El colectivo de apoyo a la población reclusa, Salhaketa, censuró ayer en el Parlamento de Gasteiz que todos los males que afectan a la red penitenciaria alavesa continúan ahí, deficiencias recogidas en su último informe del pasado mes de mayo y a las que todavía no se ha dado respuesta desde el Gobierno central. "Se han construido depósitos de presos, sin atender a las necesidades reales, sin previsión", sintetizó en este sentido el portavoz de la asociación, César Manzanos, en la comisión de Justicia e Instituciones. Una realidad que no tiene visos de cambiar con el proyecto de la nueva cárcel guipuzcoana de Zubieta sobre la mesa.
Las malas condiciones del macropenal de Zaballa, donde sus cerca de 700 presos viven "hacinados" pese a que numerosos módulos están cerrados por la alarmante falta de personal, y también de Nanclares, donde un centenar de reclusos cumplen el tercer grado con múltiples déficits, exigen a juicio de Salhaketa actuaciones urgentes.
La principal, que el Gobierno Vasco asuma nuevas competencias en materia penitenciaria que, por ejemplo, le permitirían impulsar programas encaminados a la reinserción ahora impensables por la merma de recursos económicos en el ámbito estatal o a la puesta en marcha de recursos específicos fuera de los complejos carcelarios para atender a reclusos en tercer grado u otros colectivos específicos. Salhaketa también cree necesario que se impulse en Euskadi un debate sobre el modelo de "prevención y lucha contra el delito" que se quiere en el país, una necesidad que según Manzanos también demandan los propios cuerpos policiales. "¿A quién metemos en la cárcel? ¿A quién perseguimos?", se preguntó el portavoz de Salhaketa. A la vista de las características de la población recluso, a juicio de Manzanos "se criminaliza la pobreza en un 80%".
