históricamente, la okupación se ha erigido en un mecanismo de respuesta a la lógica del capitalismo y a la especulación del mercado inmobiliario, una forma de defender el derecho a la vivienda frente a las dificultades económicas y sociales que se basa en dar uso a edificios abandonados temporal o permanentemente. Es evidente que esas funciones originales siguen ahí, pero de un tiempo a esta parte la okupación ha pasado a convertirse para un número creciente de alaveses en la única alternativa posible para tener un techo bajo el que refugiarse, con la crisis como trasfondo. Se calcula que a día de hoy hay más de 50 viviendas okupadas en la capital alavesa, una cifra que incluso podría llegar a las 100.

Las penurias económicas provocadas por el desempleo, los desahucios y otros males del sistema han cercenado un derecho universal como el de la vivienda, una realidad todavía más sangrante si se tiene en cuenta que en Gasteiz todavía hay más de 10.000 viviendas vacías. En este contexto, varios vecinos de la capital alavesa han decidido dar un paso al frente y crear la primera Oficina de Okupación con la que cuenta la ciudad, una herramienta que busca facilitar una alternativa de vivienda a las familias, grupos o personas que estén atravesando por una situación de extrema precariedad y que precisen de un apoyo que va desde lo social, hasta lo psicológico o lo jurídico. Informar y asesorar, pero también eliminar ese estigma social que tradicionalmente ha perseguido a la okupación y lograr a medio plazo que ésta sea despenalizada. El Código Penal tipifica esta práctica como delito desde el año 1995, con multas que dependen de cada casuística y que pueden derivar en penas de prisión cuando existe reincidencia.

Un laberinto legal que Silvia Encina, abogada de la Oficina de Okupación de Gasteiz, conoce al dedillo. "Hasta ese año, la okupación nunca había sido delito, pero debe quedar claro que mucha gente okupa porque no tiene medios. Hay que despenalizarla, porque supone criminalizar la pobreza", advierte la profesional, cuya labor es el asesoramiento legal de las personas que se acercan a la oficina o incluso su defensa si los casos llegan a instancias judiciales. Ella es una de las ocho cabezas visibles de un colectivo que, aunque echó a andar el pasado mes de mayo, busca ahora dar un paso adelante en visibilidad y consolidación, siguiendo el ejemplo de sus oficinas hermanas de Bilbao -la más veterana-, Donostia y Pamplona. Las primeras asambleas que sirvieron como germen de la oficina de Gasteiz se celebraron en mayo, y pronto comenzaron a llover las propuestas y las ideas que derivaron en su creación definitiva.

El colectivo entiende la okupación como una forma de "hacer justicia social", ya que toda persona necesita de una vivienda digna para desarrollar su modo de vida pero "se sigue legislando a favor de la propiedad privada y no de la función social de la vivienda". Una alternativa al "capitalismo salvaje" que, como no podía ser de otra manera, también se vale de la autogestión como forma de organización. Lo hace en cuatro comisiones, la comunicativa, la de denuncia social, la de financiación y el grupo motor, el encargado de organizar al resto. "Ha ido todo muy rápido y los primeros sorprendidos somos nosotros", reconoce Ibai, uno de los promotores de la oficina, que abre sus puertas todos los viernes en el Gaztetxe, entre las 18.00 y las 20.00 horas, sin contar con otras reuniones extraordinarias. Le acompañan Elar y Ariadna, dos más de las personas que han hecho posible este colectivo heterogéneo, que reúne a jóvenes estudiantes, a profesionales de distintas disciplinas o a personas que rondan las cincuentena. A casi todos les une que en alguna ocasión han habitado una vivienda okupada, lo que les hace perfectos conocedores de este modo de vida. "Decidimos que éste era el momento de dar el paso por los desahucios y toda la denuncia social que se ha creado alrededor", sintetiza Elar. "Ahora es más necesario que nunca una alternativa así", añade Ariadna. "Queremos informar a esa gente que vive en una situación bastante precaria de que hay otras opciones a las que ofrecen los bancos. La vivienda es un derecho básico reconocido por la Constitución y ahora no es más que un producto para la especulación", zanja Ibai.

A pesar de que la oficina apenas ha echado a andar en Gasteiz -"hasta ahora casi nadie nos conocíamos", puntualiza Elar-, ya han sido numerosas las consultas recibidas hasta la fecha. Gente de entre 20 y 40 años, heterogénea y con muy distintas problemáticas, que en gran parte de los casos han visto en la okupación su tabla de salvación para ver garantizado su derecho a la vivienda. "Con la apertura de la oficina ha venido mucha gente que estaba okupando de extranjis y hemos visto que hay un movimiento potente", certifica Ibai.

Claro que también hay gente que se mueve "por intereses", según advierten los miembros del colectivo, por lo que se cuidan mucho de informar y ayudar principalmente "a las personas que tienen una verdadera necesidad". "Sobre todo buscamos estrategias que permitan retrasar en lo posible los desalojos, darles herramientas para okupar, informar sobre lo que puede ser perjudicial y también crear una red de contactos con gente interesada en el tema para compartir experiencias y aprender", explica Elar. También, incluso, ofrecerse como mediadores entre quienes okupan y los propietarios del edificio, aunque reconocen que, por lo general, se trata de un escenario complicado porque "no suelen acceder" a dialogar. "La idea es legitimar esta posibilidad, esta opción de vida, porque la imagen de la okupación sigue siendo bastante pésima", reconoce Ibai.

Entre sus numerosos frentes abiertos, la oficina gasteiztarra se ha encontrado con el trámite de la nueva Ley de Vivienda que se está discutiendo en el Parlamento Vasco, un texto que ya en su origen ha encontrado un rechazo frontal desde el colectivo. La oficina entiende que el planteamiento de esta norma "no garantiza el derecho a una vivienda digna" a personas sin recursos que no cumplan los requisitos por distintas circunstancias. "Es un parche más", entiende Silvia Encina. La oficina entiende, en este sentido, que la okupación constituye una herramienta de cambio social, porque contempla otras figuras jurídicas de acceso a la vivienda ajenas al clásico cambio de precio. Y entre sus objetivos se encuentra también remar en esta dirección. "Hay fórmulas jurídicas en desuso que permiten la okupación pero que no se utilizan porque no quieren los propietarios", certifica Ibai. Una de ellas es el denominado alquiler en precario, que permite disfrutar del uso de la vivienda a cambio de, básicamente, su mantenimiento. "Al final, un edificio vacío es un edificio podrido. Visto desde este punto de vista, en cierta manera, a muchos propietarios les debería interesar entrar a dialogar", entiende Ibai.

La oficina, a la que poco a poco se le van acumulando los retos, seguirá avanzando en su estructuración y promete seguir adelante "más allá de la crisis", porque sus promotores, al margen de la precariedad actual, entienden la okupación como una opción de vida enriquecedora en muchos sentidos. "Éste es un proyecto casi de herencia", certifica Elar.