Vitoria. El Consejo de la sociedad urbanística municipal, Ensanche 21, descartó ayer con los votos de PP, PNV y PSE, el cese de su gerente, Alfredo Piris, como planteó Bildu. Esta decisión se produjo tras una tensa jornada en la que la asociación vecinal Salburua Burdinbide y afectados por el sobrecoste de 9.000 euros en el precio de unas VPO en Arkaiate se reunieron con los grupos y el propio Piris para buscar soluciones. Estos propietarios ya barajaban acudir a los tribunales.

El debate se centra en 188 viviendas construidas por la firma Lagunketa, porque los afectados por otras situaciones similares ya han pactado la devolución del importe. El objetivo de la cita de ayer era buscar una solución, por fin, para un tema por el que los afectados han exigido trasparencia, una y otra vez, a los grupos municipales. Pero el portavoz de Burdindibe, Ioseba Martínez de Guereñu lamentó al acabar el encuentro que "los políticos han hablado mucho, pero no han puesto soluciones".

Los afectados, si finalmente en la Casa Consistorial no toman medidas, quieren acudir a los tribunales. La decisión se formalizará en las dos próximas semanas. No les valió el nuevo informe jurídico que, según explicaron, les presentó el ejecutivo y en el que se respalda las decisiones tomadas en Ensanche 21.

La jornada fue intensa. Por la mañana estaba previsto, o al menos convocado, que acudiera a la comisión de Urbanismo el gerente de Ensanche 21, Alfredo Piris. Sin embargo, para dar este paso era necesario tener el visto bueno del Consejo de la sociedad, y tanto PP como PSE se opusieron. En respuesta, el PNV anunció que exigiría la comparecencia del alcalde, mientras que Bildu fue un paso más allá al exigir el cese "inmediato" de Piris, tras considerar intolerable que no acudiera a la comisión.

La medida se planteó por la tarde, en la reunión del Consejo que siguió al encuentro con los vecinos. Pero no prosperó, tras los votos en contra de los representantes de PP, PNV y PSE. Bildu interpretó esta actitud como un "respaldo a la opacidad".