Vitoria. Cuanto más breves, mejor suenan las declaraciones de intenciones. Martín Gartziandia, el nuevo Síndico de Vitoria, tomó posesión ayer de su cargo con un mensaje corto y contundente. Lo principal, que guardará "lealtad plena" a los vitorianos "por encima de cualquier otra cosa". Tiene tan clara la necesidad de remarcar su independencia que ya ha pedido al Ayuntamiento que el local municipal donde se aloje el servicio esté lejos del entramado de oficinas y despachos consistoriales. El hasta ahora letrado municipal desea que los gasteiztarras se acerquen sin prejuicios, con la seguridad de saberse escuchados y defendidos. En castellano, euskera o en inglés, si hiciera falta, que para eso domina los tres idiomas. "La gente siempre será tratada con calidez", prometió el abogado, ante todos los grupos políticos.
Para Gartziandia, es un motivo de gran orgullo acceder a un puesto de tal responsabilidad. "Siempre he actuado con el conocimiento del profundo honor que supone realizar un servicio público", sostuvo. Los partidos se felicitaron por la designación, tras casi dos meses de desencuentros entre gobierno y oposición. El nuevo Síndico gusta a todos y, por los apretones de manos, parece que mucho. Políticos y funcionarios coinciden en que es un tipo cercano, al que le gusta implicarse en los problemas de la gente. Por eso, cuando Gartziaindia supo que su nombre generaba consenso, no dudó en aceptar el cargo.
El nuevo Síndico tiene la licenciatura de Derecho por la Universidad del País Vasco, ha ejercido de letrado mayor del Ayuntamiento gasteiztarra desde septiembre de 2003, con una excedencia como funcionario de carrera del Gobierno Vasco, practica la docencia para el Colegiado de Abogados de Álava, posee el perfil 4 de euskera y domina el inglés. Es el currículo de un profesional competente y discreto, curtido en más de 750 pleitos, que permite con su "sí, quiero" dar continuidad a la oficina nacida para defender a los ciudadanos que sufren decisiones injustas de la administración local. Gartziandia tendrá el deber de atender y tratar de solucionar los problemas que le presenten mediante resoluciones. Éstas serán enviadas al Consistorio para que tome nota.
Aunque las recomendaciones no son vinculantes, normalmente el Ayuntamiento acepta la mitad. Así lo refleja la memoria de la era Otaola. Eso sí, también es habitual que el defensor vecinal tenga que insiste.