Vitoria. La propuesta del alcalde de privatizar parte de Amvisa o, como él dice, de convertirla en una empresa de economía mixta, sigue generando polémica dentro del Consistorio. Ayer, el grupo municipal del PSE ofreció nuevos datos que cuestionan la iniciativa y alimentan la soledad del equipo de gobierno en su empeño. Según los socialistas, la operación planteada, por la que el 49% de la sociedad municipal responsable del agua en Vitoria pasaría a manos privadas, conllevaría dejar de percibir seis millones de euros de ayudas del Gobierno Vasco y la pérdida de la competencia del Pleno para designar a los consejeros, que pasaría a ser del propio Gabinete Maroto.
La privatización de las sociedades gestoras de agua está de moda en España. Las principales ciudades y muchos municipios han optado por esta fórmula para ahorrar costes y compartir ingresos, y Maroto no quiere ser el último en hacer caja. A corto plazo, el Ayuntamiento vitoriano obtendría hasta 40 millones de euros, según las estimaciones del PP. Irresistible en tiempos de crisis. Además, el equipo de gobierno ha asegurado que este paso se daría con dos condiciones: no incrementar la factura de los contribuyentes y mantener todos los puestos de trabajo. Sin embargo, la idea se ha encontrado con el rechazo de la oposición, que duda de la ausencia de impacto en las tarifas, se opone a prescindir de una empresa rentable que garantiza el mantenimiento de un recurso escaso y fundamental en manos públicas y se niega a llenar los bolsillos de grandes empresas de beneficios hasta ahora sólo municipales.
A las críticas ya conocidas, se sumó ayer una nueva alarma. El portavoz socialista, Patxi Lazcoz, está convencido de que la semiprivatización de Amvisa conllevaría perder millones de euros de inversión pública en infraestructuras, "como puede ocurrir con los 6 de los 11,3 millones del Gobierno Vasco comprometidos en el convenio que Lakua y el Ayuntamiento firmaron en 2009 para la ejecución de obras contra la sequía e inundaciones". Al edil le "consta" que, por cuestiones jurídicas y fiscales, "no se pueden prestar ayudas públicas si hay un proceso de privatización". El equipo de gobierno, sin embargo, está "casi seguro" de lo contrario. Según señalaron fuentes del Gabinete Maroto a este periódico, "habría que verlo y creemos que no es así". Además, advirtió, la sociedad municipal seguiría siendo mayoritariamente propiedad municipal.
Impacto económico aparte, Lazcoz también denunció que, con la fórmula de gestión planteada por el PP, la competencia para designar consejeros del Ayuntamiento "dejaría de ser del Pleno y correspondería en exclusiva al equipo de gobierno". Tras el polémico proceso que Maroto lideró para nombrar nuevo secretario general del Pleno, la posibilidad de perder el control en este órgano indigesta al PSE. Y eso que, para cerciorarse de que está en lo cierto, el grupo socialista ya ha solicitado un informe a la Secretaría General del Pleno. Ahora bien, ¿qué pasaría de no equivocarse? Nada, según el equipo de gobierno, quien aseguró a este periódico que este problema "podría resolverse perfectamente llegando a un acuerdo" con los grupos.
El PP tiende la mano, pero el PSE tiene claro que hay que zanjar el debate cuanto antes. Por eso, llevará una propuesta de acuerdo al próximo Consejo de Administración de Amvisa para que se rechace la privatización. "Maroto tiene intereses ocultos en repartir la tarta de la que comíamos todos los vitorianos y a la que ahora quiere invitar a las grandes multinacionales, con el fin de repartir los beneficios de una sociedad modélica en su gestión. Alguien se está buscando su retiro particular", opinó Lazcoz. Para el equipo de gobierno, el socialista sólo intenta "meter miedo", porque la realidad es que la operación propuesta sólo se podría llevar a cabo si algún grupo político la apoyara. Y el rechazo ha sido evidente desde el primer día en que el alcalde la planteó.
"Si no hay respaldo político no se va a hacer, así que no hace falta que cree alerta diciendo y haciendo estas cosas", lamentaron desde el Gabinete Maroto. El PP tiene claro que el telón de fondo que acompaña estos días a la actividad municipal, la campaña electoral, está detrás de la alerta desatada por los socialistas.
