La asociación de propietarios urbanos de Álava defendió ayer que el Ayuntamiento vitoriano debió admitir las alegaciones del colectivo a las ordenanzas fiscales de 2011 y no alegar que se habían presentado fuera de plazo. Así lo ha reconocido, según apuntó la entidad, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. No obstante, el TSJPV entendió que esto no debe anular la ordenanza.
