Vitoria. El grupo municipal de Bildu quiere impugnar el contrato, aprobado ya de forma provisional por la Junta de Gobierno, para que una empresa privada supervise las obras dependientes del Ayuntamiento de Vitoria. La coalición calcula que esta asistencia técnica -bautizada como Proyect Management-, por dos años y con posibilidad de prórroga, podría costar entre 2,5 y 3 millones de euros de fondos municipales por un trabajo que, en su opinión, ya realizan los funcionarios. Y, por todo ello, solicitará un informe jurídico aunque ya tiene decidido, directamente, impugnar en septiembre esta decisión. El resto de la oposición, PNV y PSE, también se ha mostrado en contra de la decisión del PP.
"El equipo de gobierno tiene dos opciones: darle tres millones de euros a una firma privada o aceptar las dudas de Bildu y ahorrar ese dinero a las arcas municipales, algo que en esta época de crisis nos vendría muy bien", apuntó ayer, en conferencia de prensa, el concejal Antxon Belakortu. El partido, además, quiere que este tema se debata en el Pleno de hoy, para que se fijen las opiniones de cada grupo. Como aviso para navegantes, el edil recordó que el PSOE en Madrid también ha cuestionado un contrato con la misma firma, Gerens Hill, mediante el que ésta realiza una supervisión de siete hospitales públicos.
Este contrato en Vitoria generó dudas en Bildu desde el principio. El Gabinete Maroto defendió que este nuevo contrato consistiría en prestar asesoramiento, controlar los plazos, planificar y seguir las obras del Ayuntamiento, la red de sociedades públicas y sus organismos autónomos. El PP lo defendió como una labor complementaria a la de los funcionarios de Urbanismo, en especial en aquellos proyectos estratégicos o de mayor complejidad.
Bildu no lo vio así. La formación no entiende que, mientras se aplican duros recortes en la oferta de los centros cívicos, Foronda reduce su horario o se disparan los rumores sobre "qué concejales sobran" en Vitoria, el pasado 28 de junio se aprobara de forma provisional este contrato. La coalición calcula que podría suponer un coste a las arcas municipales de entre 2,5 y 3 millones en dos años, teniendo en cuenta que la firma podría, según expuso Belakortu, llevarse hasta un 4% del coste de una obra si cubre todo su proceso. Por ejemplo, por la de un centro cívico tipo podría cobrar "unos 600.000 euros". Y hasta ahora, insistieron, esas labores las realizaba personal de la casa "y no se ha caído ningún centro cívico".
Las dudas La coalición, en cualquier caso, tiene dudas, tras ver el pliego de condiciones, sobre qué obras se incluirían en ese contrato y cuáles se dejarían fuera, si se puede obligar a pasar "bajo ese paraguas" a los proyectos de otras entidades vinculadas al Ayuntamiento y, en definitiva, se pregunta por qué se realiza esta contratación.
Bildu pedirá un informe jurídico para conocer "el alcance" del servicio pero, además, adelantó que ya en septiembre impugnará la adjudicación provisional a cargo de la Junta de Gobierno local. ¿Su objetivo? Frenar este proceso y contar con esos fondos para realizar "evitar los recortes sociales" y otros servicios en los que se ha tirado de tijera. El Pleno se posicionará hoy sobre el tema, ya que Bildu presentará una moción para instar al Ejecutivo local a que no vincule el contrato a ninguna obra del Ayuntamiento, las sociedades públicas o los organismos autónomos.
La propuesta puede salir adelante. Tanto PNV como PSE ya se han mostrado anteriormente en contra de una medida que, según han defendido, duplica estas funciones de control. En principio, la oposición podría presionar con esta petición al equipo de gobierno que, como ocurre habitualmente al tratarse de una moción, podría seguir adelante con su decisión pero ya contando con el no del resto de los grupos.
