DESPUÉS de años de presión por parte del Ayuntamiento de la capital alavesa para que los Montes de Vitoria sean declarados Parque Natural, ahora que el Gobierno Vasco por fin ha redactado el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) previo al cambio de estatus de la zona, el ejecutivo autónomo se ha encontrado con que el área que se quiere proteger abarca además a otros siete seis municipios, buena parte de los cuales recelan, y mucho, del proyecto que se quiere poner en marcha.

Incluso dentro del propio Ayuntamiento de Vitoria sus concejos rurales han consensuado una postura común que pasa, fundamentalmente, por la exigencia de más información sobre el proyecto. Esta reacción de los pueblos más pequeños de las estribaciones de la sierra, que llevan siglos conviviendo con el entorno natural, se ha presentado como una oposición radical al proyecto frente al entusiasta apoyo de sus principales promotores, las autoridades de la Green Capital. Lo cierto es que los reparos de los diferentes ayuntamientos implicados tienen sus matices.

Miren Fernández de Landa

Concejos de Vitoria

Los concejos de la capital alavesa, por ejemplo, no se oponen a que los Montes sean Parque Natural, pero desconfían del Gobierno Vasco tras ver un cierto nivel de oscurantismo en los pasos dados hasta ahora. "Siempre pasa igual cuando nos plantan delante estos grandes proyectos, nos han dado un borrador del PORN de 40 páginas, muy pobre, con muy poca información y muy genérico", lamenta Miren Fernández de Landa, presidenta de la Asociación de Concejos de Vitoria, Acovi. La portavoz de los pequeños pueblos de Vitoria teme por las restricciones que se puedan decretar sobre "los roturos, las pajeras, la cabaña ganadera, las construcciones para mantener el ganado, las granjas", infraestructuras fundamentales para garantizar el modo de vida tradicional de estas localidades.

Así pues, Acovi está recogiendo todas las dudas de los habitantes de estas localidades y recaba información detallada sobre el futuro Parque Natural y sobre las consecuencias de ser vecino de uno de estos espacios protegidos para llegar preparada, como asociación, a la fase de alegaciones al PORN. Voluntarios de este colectivo se están poniendo en contacto con vecinos de los parque naturales de Izki, Gorbeia o Valderejo, pero en todo caso los Montes de Vitoria tienen particularidades no extrapolables a otros emplazamientos. "Aquí hay más tierra de cultivo que en cualquier otro parque", explica Fernández de Landa, quien explica que en las visitas que están realizando tratan de averiguar si "lo que se les prometió en un principio se ha cumplido, eso es muy importante para nosotros".

En definitiva, los concejos de Vitoria no se fían del Gobierno Vasco porque "se ha hecho todo muy deprisa, después de años parados lo queremos hacer en tres meses, y en verano. La gente se pregunta por qué quieren correr tanto, igual hay que explicarlo, a lo mejor están sujetos a una subvención o lo que sea; cuando a las personas les explicas el por qué de sus dudas no tiene por qué haber problemas", señala.

Al parecer, en la última reunión el ejecutivo afirmó que no se enredaría en discusiones con las localidades aledañas al Parque, y que simplemente trazarán líneas de exclusión para sacar al que no quiera estar. Acovi cree que esta actitud es un error. "No pueden hacer islas dentro de un Parque Natural, lo que tienen que hacer es un trabajo de campo importante, ir concejo por concejo con planos, con mapas superpuestos, con mapas de roturos, de fincas agrícolas, de zona de bosque, que expliquen las ventajas e inconvenientes que trae consigo un Parque Natural", explica la portavoz de los concejos, quien considera que, si se hace así, "no habrá problemas porque la filosofía de los concejos siempre ha sido la protección de su monte, no es algo que nos vayan a enseñar".

Una de las principales quejas de los concejos de Vitoria es el hecho de que la delimitación inicial del parque meta a estas localidades como ámbito de influencia del área protegida mientras proyectos como el del fracking, cuya fase exploratoria se ubica en un terreno prácticamente pegado a las faldas de la sierra, se ha quedado fuera, al igual que el vertedero de Gardelegi o la cárcel de Zaballa, que directamente se ha construido en plena ladera tras un brutal movimiento de tierras. "¿Vamos a proteger todo o lo que nos interesa lo sacamos y permitimos esta afección? -se pregunta Fernández de Landa- ¿Se va permitir el fracking dentro de un Parque Natural? Nos dijeron que era posible y que cabe dentro de un Parque Natural", afirma. Acovi considera correcto que haya una alta exigencia al agricultor o al ganadero a la hora de aplicar herbicidas y otras sustancias, "pero es curioso que en una técnica como el fracking, de una agresividad bestial, no haya necesidad de proteger nada, ni siquiera ni de declarar los productos".

Ángel Marcos Pérez de Arrilucea

Alcalde de Maeztu

Acovi dice no estar en contra del Parque Natural. La cuadrilla de Campezo-Montaña Alavesa, y en concreto los ayuntamientos de Arraia-Maeztu y Bernedo no tienen tapujos en afirmar que rechazan entrar a formar parte del proyecto. El presidente de la cuadrilla y alcalde de Maeztu, Ángel Marcos Pérez de Arrilucea, recuerda que las juntas administrativas propietarias del terreno que incluye el Parque Natural, Azáceta, Vírgala y Apellániz, "ya se posicionaron hace casi un año en contra de la inclusión, igual que el Ayuntamiento, y nos mantenemos en las mismas. Lo primero -continúa el primer edil de Maeztu- es que nosotros no lo hemos pedido, ya tenemos un parque natural".

La rotundidad de las posturas a este lado del cresterío de los Montes de Vitoria tiene una razón de ser. La relación de los vecinos de la zona con los gestores del cercano Parque Natural de Izki ha sido muy negativa. "Conociendo la experiencia de uno no queremos dos", enfatiza Ángel, quien recuerda que en su día se les dijo que "no había ningún problema, que todos los usos y costumbres se iban a mantener, y a día de hoy para poder circular en vehículo un ganadero o un agricultor tiene que llevar una txartela como si estuviera por la calle Dato, si no se identifica está sancionado".

Tanto en las reuniones con el Gobierno Vasco como con la Diputación el Ayuntamientos de Maeztu ha sido tajante. "Le planteamos al Ejecutivo que no contase con el municipio porque estamos en contra; y el otro día la diputada de Medio Ambiente -Marta Ruiz- vino aquí y le dijimos lo mismo. Ella dijo que quería escuchar la opinión del Ayuntamiento para, imagino, defender esa postura", señala Ángel, quien afirma que en Bernedo -cuyos pueblos de Okina e Izarza entran en el área de influencia del parque- se piensa exactamente igual.

Desde Maeztu, además, se ha enviado una carta al alcalde de Vitoria, Javier Maroto, en la que se le comunica que respeta las decisiones que adopte en su término municipal y se le pide que "respete la de los demás en aras a la cordialidad entre municipios".

Para Ángel Marcos Pérez de Arrilucea, la solución al problema que se ha planteado en la cara sur de la sierra no es para nada complicada: "En el segundo avance de la delimitación del parque, en la zona que nos toca, han eliminado Berroci, lo tienen muy sencillo, donde acaba Berroci acaba el municipio de Maeztu, cierran ahí el parque y ya está". Así pues, el enfado es manifiesto en un municipio que rechaza "las lecciones en materia de gestión de montes", pues "si están así es porque los han cuidado los que allá viven, no porque haya venido nadie de ningún otro lado a cuidarlo".

Javier Argote

Concejos de Álava

Para la Asociación de Concejos de Álava, Acoa, la raíz del conflicto no es tanto la protección de la sierra como el cambio en los poderes de decisión que va a traer consigo la declaración de Parque Natural, pues conlleva la creación de un patronato en el que los concejos, propietarios de estos montes, contarán con menos votos que Diputación y Gobierno Vasco.

"Ellos se aseguran de que el reparto de votos quite a las juntas cualquier poder de decisión", señala Javier Argote, presidente de Acoa, que no cree en la voluntad de proteger el entorno de estas instituciones cuando "coge el Gobierno y cambia la Ley para permitir que haya canteras en los parques naturales". Argote recalca "una cuestión que nadie aborda, pero que tiene mucha importancia", y es el hecho de que "los mismos que crean esas agresiones externas nos proponen crear medidas de protección, unas medidas que siempre van ligadas a la restricción del uso tradicional del monte y de los propietarios y habitantes".

Se refiere Argote, cuando habla de agresiones, a aquellas en las que se apela al interés público para meter las excavadoras en el monte. "Nuestros políticos deberían declarar el interés natural por encima del de la cárcel de Zaballa, o de unos molinos o de las antenas o del gasoducto, y el de otras actuaciones que no se conocen tanto", reclama.

Acoa defiende que los montes alaveses están en buen estado de conservación porque así los han mantenido sus propietarios, las juntas administrativas, y por eso rechaza que los pueblos del entorno de la sierra estén en contra de que se protejan sus valores naturales. "Somos los primeros interesados, pero esa protección no puede significar una restricción de los usos y costumbres y la pérdida del protagonismo nuestro a la hora de tomar decisiones, porque cuando se crea un parque natural se crea un patronato y pasa a depender directamente de la Diputación", explica Argote, quien afirma que la gestión de esos parques requiere dotar al patronato de "los medios económicos necesarios para que funcione bien, y lo que vemos es que esos medios económicos, además de ser muy escasos, sólo se usan para el mantenimiento del patronato y normalmente las parketexeas".

En Montes de Vitoria, además, se produce una particularidad, que "tiene un montón de pueblos dentro del propio parque, en Valderejo hay uno y en Izki hay otro, todos los demás son periféricos".

Argote espera que los siete ayuntamientos implicados en la declaración -Vitoria, Arraia-Maeztu, Bernedo, Iruña Oka, Iruraiz Gauna, Dulantzi y Elburgo- atiendan a la opinión de sus juntas administrativas, mayoritariamente recelosas ante este proyecto. "La sensación en los pueblos afectados es de que no hay prisa, tiene que haber un proceso con participación de los propietarios, que se les escuche y se llegue a una entente cordiale", explica el presidente de Acoa, que critica las formas utilizadas hasta ahora.

"Esto no se puede hacer así, nos han dado diez días para alegar al Plan de Ordenación de Recursos Naturales", que aunque "no marca lo que hay que hacer, ya empieza a delimitar usos y aprovechamientos. Dice -continúa Argote- que los usos agrícolas y ganaderos serán como hasta ahora, pero deja coletillas, y si la participación de los propietarios es como en los demás parques naturales... es normal que en los concejos surjan dudas".