Vitoria. Las medidas de ajuste no han hecho más que empezar. Tras escudriñar a fondo las cuentas municipales de Vitoria, el interventor del Ayuntamiento, Alfredo Barrio, ha llegado a una conclusión que acrecienta la desazón en torno al futuro económico de la capital alavesa. El déficit correspondiente a 2011, lejos de mantenerse en el entorno del 4,39% previsto, se ha disparado hasta un 7,35%. Y la mala noticia no es sólo que el desfase entre gastos e ingresos sea de 30 millones a deber, sino que, además, la ley estatal aprobada en abril aprieta a las entidades locales para que, en lugar de ponerse al día con las deudas en tres años como ocurría hasta ahora, obre el milagro en sólo un año. Si antes la prioridad consistía en pagar las nóminas y salvar los muebles, ahora la máxima que dicta Madrid obliga a saldar intereses y amortizar deuda, le guste al Ayuntamiento o no. Ante este panorama, el interventor señaló que sólo caben tres alternativas: subir los impuestos, contener aún más el gasto o combinar ambas opciones. Cualquiera de ellas significará un nuevo giro de tuerca.

En caso de que Vitoria no cumpla con sus obligaciones, el Gobierno central amenaza con cerrar el grifo de los convenios y de las subvenciones estatales y europeas. La prioridad consiste en garantizar la sostenibilidad financiera y desviarse de la senda será considerado una infracción "muy grave".

Aunque la evolución es positiva, el Ayuntamiento aún está lejos de poder cuadrar sus balances. El déficit de 2010, fijado en un 13,46%, se ha rebajado hasta el 7,35%, pero aún no es suficiente. Parte del problema es que, tal y como señaló el edil de Bildu Antxon Belakortu, se estimaron unos ingresos por venta de suelo municipal de 28 millones que al final se quedaron en sólo tres. El socialista Patxi Lazcoz argumentó que se podrían haber aumentado las enajenaciones "malvendiendo" y que, por lo tanto, se obró bien. Belakortu replicó que el gobierno socialista "hinchó" el presupuesto con la previsión y sostuvo que echar a andar el BAI Center habría supuesto la "ruina" para el Consistorio.

Borja Belandia, del PNV, insistió en la necesidad de disponer de un presupuesto cuanto antes para poder establecer criterios consensuados con los que salir del atolladero, mientras que el concejal de Hacienda, el popular Manu Uriarte, insistió en que el presupuesto prorrogado "tiene el mismo valor que el del año anterior". El interventor, por su parte, anunció que en breve está prevista una reunión con la portavoz del Ministerio de Hacienda para aclarar conceptos sobre la nueva ley.