Vitoria. La Green Capital se queda sine die sin bicicletas públicas. Un enojado Javier Maroto dio ayer la noticia: el Ayuntamiento no dispone de dinero suficiente para poner en marcha el que aspiraba a ser el segundo mejor sistema automatizado del mundo porque el Gobierno Vasco "ha incumplido su compromiso" de firmar con Vitoria un convenio de 950.000 euros a través del EVE (Ente Vasco de la Energía). Ahora, la única opción que tiene el Consistorio gasteiztarra para obtener financiación de este órgano es presentarse a una convocatoria general de ayudas para la que no hay fechas definidas ni cantidades concretadas.

El varapalo al sistema automatizado de bicicletas municipales deja entrever mucho más que un simple cambio de decisión de las altas esferas. El alcalde está convencido de que el Gobierno Vasco ha decidido castigar al Consistorio vitoriano por su postura claramente enfrentada respecto al proyecto del fracking. Sin perder la cautela, Maroto advirtió de que no es de los que cree en las casualidades y aseguró, sin utilizar la palabra que todo el rato quiso evitar pero que el PNV y Bildu sí usaron -chantaje-, que no se va a doblegar. Si ha de elegir entre el respaldo a los técnicos municipales, contrarios a la extracción de hidrocarburos, o el cheque, "me quedo con los técnicos".

Es inevitable pensar que el divorcio López-Basagoiti (PP-PSE) haya podido influir en la desaparición del convenio. El primer edil lo pasó por alto, pero la nota de prensa emitida por el Ejecutivo autonómico tras la comparecencia del alcalde puso de manifiesto que corren malos tiempos tanto para el entendimiento entre estas dos instituciones como entre ambos partidos. "El alcalde de Vitoria suspende el préstamo de bicicletas pese a tener ya disponibles 839.000 euros de ayudas del Gobierno Vasco", titula la nota. Maroto no había dicho nada al respecto, pero desde el equipo de gobierno se reaccionó con rapidez. Efectivamente, esa cantidad existe, fruto de tres convocatorias ordinarias a las que se presentó el Consistorio gasteiztarra y que ganó -una prestación de 239.000 euros del EVE y dos de 300.000 euros cada una de Medio Ambiente-. Ahora bien, el Ayuntamiento no las ha cobrado porque no ha podido.

El organismo exige como condición para recogerlas que se presenten facturas del proyecto. Y no hay ninguna: Maroto siempre ha dicho que no firmaría el contrato con la empresa encargada de poner en marcha el nuevo servicio hasta que estuviera garantizada toda la financiación. Precisamente por esta actitud de cautela se perdió una de esas prestaciones -una de de 300.000 euros-, porque al llegar el fin del año 2011 todavía se estaba perfilando el proyecto y no se había adjudicado el servicio.

En resumen, lo que el equipo de gobierno esperaba de Lakua no era otra cosa que "un gesto especial" hacia Vitoria en pleno reinado de la Green Capital. Y parecía que había llegado cuando el EVE propuso, motu proprio, el convenio, una fórmula que para suerte del Consistorio no incluía la condición de presentar justificantes de inversión y, por tanto, daba alas a la puesta en marcha del sistema. "Participaron letrados de este organismo y del Ayuntamiento en el diseño del borrador, se nos prometió a mí, a la edil Idoia Garmendia y a varios técnicos que estaban de testigos... Primero iba a ser de 2 millones de euros, luego se habló de 950.000 y vimos la cifra razonable por la crisis. Pero se ha roto el compromiso y ahora debemos apuntarnos a una lista", criticó Maroto.

El propio Gobierno Vasco reconoce en su comunicado que existía la intención de materializar ese convenio de patrocinio, pero explica que el Consejo del EVE decidió en su reunión del 9 de mayo no autorizar la firma porque entendió que "no era la fórmula más conveniente para apoyar proyectos" como éste dada su "singularidad" y la "elevada cantidad económica" que implica. Más adelante, añade que se tuvo en cuenta "la falta de referencias" de convenios de este tipo firmados con la Green Capital y "la debilidad jurídica" que conllevaba un contrato con semejante importe. Para entonces, el alcalde ya había escenificado su respaldo a los técnicos municipales, contrarios al fracking, y la ruptura de López y Basagoiti era un hecho.

la oposición culpa a los dos La situación no puede ser más indefinida para un proyecto que la ciudadanía había recibido con expectación. Maroto no va a retomar el viejo sistema de préstamo gratuito, aunque tras el sorteo de cien bicicletas naranjas queden todavía otras 150 en la recámara. "No vamos a mirar a tiempos pasados", zanjó. También tiene claro que sólo firmará el contrato cuando esté todo el dinero para "no cometer errores del pasado", dijo en clara referencia a experiencias como la del fallido auditorio. Y aunque aseguró que valorará "todas las alternativas posibles" para obtener financiación, dejó la pelota en el tejado del Gobierno Vasco. "En su mano está el cuándo y el cuánto".

El PNV y Bildu no dudaron en criticar a Lakua, pero repartieron culpas. Según los jeltzales, se ha llegado a esta situación porque Maroto se precipitó al retirar el viejo servicio sin estar en marcha el nuevo, por "la actitud chantajista" del Gobierno Vasco, "que ha supeditado el convenio a obtener la licencia" para el fracking, y por la ruptura del acuerdo López-Basagoiti, "de la que ambos partidos son responsables". La coalición abertzale, por su parte, acusó al ejecutivo autonómico de "jugar sucio" y se preguntó qué oscuros intereses tiene el PSE para "vender el subsuelo de Álava por unos petrodólares", mientras deja a los gasteiztarras sin préstamo de bicis. Aun así, no dejó al alcalde irse de rositas y le recordó que si hubiera tenido "más previsión" al menos la ciudad contaría con el anterior sistema.

El PSE, como cabía esperar, sólo vio un culpable: Maroto. El grupo socialista le acusó de engañar al Interventor por decirle que tenía todo el dinero para poner en marcha el proyecto cuando con el Gobierno Vasco no había firmado el acuerdo. "Sólo tenía su palabra", puntualizó, a modo de justificación.