vitoria. Patxi Lazcoz se enfrenta sin miedo a la denuncia que interpuso contra él una funcionaria delegada de ELA por considerar que en su mandato pudo cometer un delito de prevaricación o, como mínimo, de desobediencia judicial al dejarla fuera de la lista de integrantes en una OPE del año 2000. Fuentes del grupo municipal socialista aseguran que el entonces gabinete Lazcoz encargó hasta tres informes a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Vitoria para saber cómo actuar después de que un opositor denunciara al Consistorio porque "no se habían valorado sus méritos" y la sentencia del TSJPV admitiera su derecho a contar con una plaza y a que todos los participantes fueran evaluados por el mismo criterio. Según los socialistas, esos informes dejaban sin plaza a Begoña Vázquez, presidenta del comité de empresa por el sindicato nacionalista, por lo que revocaron su nombramiento. Según esta trabajadora, sin el dictamen del TSJPV ella ocupaba el octavo puesto de los ocho previstos y con la sentencia, el sexto. De ahí la denuncia.
En su querella, que también incluye al entonces concejal de Función Pública y a un técnico municipal, se advierte además de que el gabinete Lazcoz creó posteriormente tres nuevas plazas para evitar que la aplicación de la sentencia dejara fuera a trabajadores que inicialmente habían formado parte de la lista de agraciados. Tres afiliadas a CCOO se vieron beneficiadas por la medida. Vázquez siguió fuera.
El PSE insiste en que actuó conforme a los informes jurídicos municipales y, además, llama la atención sobre la fecha en que se interpuso la querella dejando que cada cual interprete el detalle a su manera. La denuncia fue registrada en los juzgados un día antes de las elecciones municipales del año pasado, si bien el grupo socialista no tuvo constancia de su existencia hasta que "hace tres semanas" llegó la notificación al Ayuntamiento.
El comité de empresa del Consistorio, por su parte, quiso dejar ayer claro que la denuncia no la presentó ELA -como publicó este periódico-, sino una de sus afiliadas a título personal. Asimismo, recordó que durante el gobierno de Lazcoz los tres sindicatos que representan a los funcionarios adoptaron un acuerdo en el que se hacía constar "que ninguna persona tenía que ver revocado su nombramiento por la aplicación de la sentencia", puesto que entendían que "ningún trabajador tenía que soportar los errores en que incurriese la Administración". La querella de Vázquez, no obstante, va más allá y habla incluso de un posible delito de prevaricación; es decir, tomar una decisión a sabiendas de que es ilegal.
ELA ya se atrevió a hablar en estos términos durante los años de gobierno socialista. El sindicato mayoritario del Ayuntamiento calificó lo que estaba viviendo Vázquez como "una venganza" del alcalde contra la central por su actitud guerrera y "una manera de amedrentar" a los funcionarios.
