Vitoria. Patxi Lazcoz ya no es alcalde de Vitoria, pero aún ha de cargar con las consecuencias de su gestión. Y, en esta ocasión, puede ser para mal. ELA ha presentado una denuncia contra el ex primer edil, su entonces concejal de Función Pública y un técnico municipal por lo que pudiera ser un delito de prevaricación -adoptar una decisión a sabiendas de que es ilegal- o, como mínimo, de desobediencia a la autoridad judicial. Según la documentación a la que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, el sindicato nacionalista acusa a estas tres personas de haber obviado una sentencia del TSJPV que exigía devolver a la funcionaria Begoña Vázquez, presidenta a su vez del comité de empresa por ELA, la plaza lograda en una oferta pública de empleo, para luego "reinterpretar" esta resolución enchufando a otras tres trabajadoras que habían quedado fuera y que, casualmente, son afiliadas a CCOO.

La querella es la puntilla a un conflicto que viene de lejos. En el año 2000, el Ayuntamiento convocó una OPE para cubrir ocho puestos de Limpieza 1 -vigilancia en centros educativos- y Begoña Vázquez quedó en octavo lugar. En 2002, un opositor que no había logrado plaza realizó una reclamación porque el Consistorio no había computado sus méritos, lo que había hecho que se quedara fuera de la lista de agraciados. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) dictó sentencia a su favor en 2005, exigiendo que ese criterio se aplicara a todos los participantes. El gabinete Alonso inició los trámites para ejecutar la resolución, que dejaba fuera a otra trabajadora, a la vez que Begoña subía al sexto puesto. Sin embargo, el gobierno popular llegó a las elecciones sin terminar los deberes. Y al acceder al poder el PSE comenzaron, según ELA, "las irregularidades".

En la denuncia se asegura que el gabinete Lazcoz solicitó un nuevo informe al Jefe de Unidad de Selección, quien esta vez consideró que quien debía quedarse sin plaza era Vázquez, una opción que según el sindicato sólo podía ser posible si no se tenían en cuenta los méritos. En septiembre de 2010, el edil de Función Pública, Joaquín Esteban, dictó la revocación de su plaza, así que la sindicalista de ELA planteó un incidente de ejecución ante el TSJPV. El nuevo auto judicial insistió en que la sentencia se debía ejecutar como estaba previsto en la era del PP. Aun así, Esteban y Lazcoz lo obviaron "con el pretexto de que existía un recurso de aclaración y súplica" por parte de otras tres trabajadoras de aquella OPE -una de ellas, la señalada por el gobierno de Alonso-. Y en diciembre de 2010, tras desestimar el TSJPV dicho recurso, los socialistas crearon tres plazas para esas tres mujeres "sin ningún informe ni motivación". Vázquez siguió fuera.

Tras los hechos, ELA siempre ha visto un intento de venganza contra esta mujer y el sindicato por su actitud guerrera ante la gestión del PSE. De hecho, Lazcoz llegó a despedirla en octubre de 2009, aunque tuvo que readmitirla por orden del TSJPV.