Vitoria. La recogida de firmas contra un proyecto controvertido puede ser una poderosa herramienta ciudana para forzar al mandatario de turno a recular o valer lo mismo que papel mojado. Eso sí, que los promotores de la recolecta logren un final feliz no depende habitualmente del esfuerzo realizado, sino de la firmeza del político en su posición de partida y el rédito que prevea obtener en caso de avenirse a las quejas. En función de estas variables, las rúbricas valdrán más o menos. Vitoria es la prueba. El mismo hombre que consideró suficientes las 2.000 firmas vecinales contra la mezquita de Zaramaga para trasladarla a otro lugar ahora permanece ajeno a las 3.000 que rechazan la ubicación de la estación de autobuses en Euskaltzaindia.

La polémica de la mezquita arrancó nada más iniciar Javier Maroto su mandato. A pesar de que los promotores del templo contaban con la pertinente licencia de actividad, concedida con todas las de la ley por el anterior equipo de gobierno, el alcalde popular reaccionó a las quejas de los vecinos que temían problemas de convivencia. Alegó que la lonja escogida en Martín Olave se situaba al lado de un bar polémico, que el permiso solicitado era para menos gente del aforo que en realidad iba a tener y que las 2.000 firmas recogidas por los residentes eran suficientes para considerar el proyecto como un conflicto "de primera magnitud".

Tanto empatizó Maroto con los opositores a la mezquita que finalmente consiguió que los promotores del centro religioso le dieran ocho meses para buscar otra ubicación. Por contra, en el caso de la estación de autobuses, el emplazamiento escogido por el alcalde con el beneplácito de Bildu parece una cuestión inamovible. Y eso que desde el nacimiento de la plataforma Euskaltzaindia Plaza Bizia hace menos de un mes, cada vez se oyen más voces que alertan de que la zona se congestionará hasta límites insoportables si se construye allí la terminal. De momento, son alrededor de 3.000 los ciudadanos que se han sumado a la recogida de firmas, convencidos de que este proyecto sí que puede generar un conflicto de primera magnitud tanto en Lakua como para toda Vitoria. Y a final de semana la cifra puede acabar siendo mayor, ya que el colectivo tiene previsto acudir al partido del Alavés para engordar la lista.

Antes y después de la plataforma, el alcalde siempre ha defendido que la mayoría de vitorianos prefiere tapar el agujero dejado por la paralización del BAI Center con una terminal que echarle tierra -con el gasto que conllevaría- y perder más tiempo en encontrar otro emplazamiento. Ahora bien, su afirmación no se corresponde con el sentir de muchos de los vecinos de la plaza con los que se reunió ni tampoco se sustenta en datos objetivos. No ha habido ni va a haber consulta popular. Ayer, el edil de Participación Ciudadana, Alfredo Iturricha, le explicó al PNV que sólo está dispuesto a convocarla si la pide la mayoría absoluta del Consistorio gasteiztarra, como establece la Ley de Régimen Local. Pero para que ese escenario fuera posible, Bildu tendría que recular y dar su visto bueno a un referendum. Y ahora mismo nadie espera un cambio de actitud en la coalición.

Una de las consignas más proclamadas en la manifestación del pasado día 3 fue "Bildu, dónde está la consulta popular". Y el 4, los aludidos respondieron asegurando que "nuestro compromiso era que no se hiciera la estación de Arriaga y cuando se pidió aquella consulta popular ahí estuvimos". Los opositores a la nueva terminal, sin embargo, quieren que la coalición abertzale cumpla su programa electoral, en el que se apostaba por introducir el derecho a los referendos populares en proyectos estratégicos. Y mientras mantienen esa exigencia, van a proseguir con la recogida de firmas, aunque valgan menos que en Zaramaga y el reloj corra en su contra. En el Pleno del 27, el gabinete Maroto tiene previsto aprobar la recalificación de la plaza junto a su socio político para poder poner en marcha las obras.