Vitoria. Sacrificar VPO para obtener "dinero fácil". Así describen desde el grupo municipal del PNV una operación impulsada por el Gobierno Vasco con la que se pretenden vender unas 3.000 casas de protección oficial a un inversor privado -si se encuentra- por 322 millones. Y, después, Lakua asumiría el pago del alquiler de estas mismas casas por un máximo de 700 euros al mes. Es decir, unos 430 millones durante veinte años. El grupo municipal jeltzale exigirá mañana, en el Pleno del Ayuntamiento, que se pida al Gobierno Vasco que frene esta operación, que se concentra en Vitoria: 1.563 de esos inmuebles -la gran mayoría son en alquiler- se ubican en zonas como Salburua, Zabalgana o Lakua.

El portavoz jeltzale en el Ayuntamiento, Gorka Urtaran, compareció ayer en conferencia de prensa para denunciar esta maniobra del Gobierno Vasco, que en un primer momento convocó un concurso que quedó desierto y ahora opta por un procedimiento negociado. Urtaran consideró que aún se está a tiempo de frenar una operación "temeraria" y jurídicamente "insegura".

Desde el Departamento vasco de Vivienda, mientras, defendieron que ya hay tres informes que avalan la legalidad de la operación. Explicaron, además, que esas viviendas, pertenecientes a sociedades como Alokabide o Visesa, podían venderse en unos 15 años pero, con esta maniobra, se aseguran que estén en alquiler y que sigan siendo VPO.