Vitoria. Cuatro meses al frente de Vitoria y la sombra de las irregularidades ya planea sobre la gestión de Javier Maroto. Ayer, el alcalde dio marcha atrás en la contratación de las dos trabajadoras que iban a incorporarse a Gilsa para potenciar esta sociedad municipal. La oposición en bloque le había acusado de violar los estatutos por llevar a cabo el proceso sin la autorización del Consejo de administración de este organismo, en el que están representados los cuatro partidos del Consistorio. No parecía haber salida para el primer edil, pero trató de encontrarla: dijo que su actuación había sido impoluta pero que prefería recular -según su versión faltaba estampar la firma en los contratos- para que desde ahora impere el consenso municipal.
Maroto se valió de un informe que había encargado al letrado del Consistorio para defender su gestión.En él se explica que el personal de Gilsa puede ser nombrado por el gerente o por el presidente del Consejo -el alcalde en este caso-. "Por tanto, los servicios jurídicos me dan la razón, pero admito que este asunto no ha sido consensuado. Y para mí es mucho más importante generar un buen clima y que todos los partidos trabajemos juntos para potenciar esta sociedad e impulsar desde ella políticas de empleo", afirmó Maroto. Era un llamamiento a la paz, pero lejos de aplacar la tensión avivó la polémica. La oposición advirtió de que aunque el primer edil tenga competencia para nombrar trabajadores, algo que nadie había cuestionado, el artículo 16 del apartado g de los estatutos de Gilsa deja claro que el Consejo es el que tiene que dar luz verde al proceso. Y eso es lo que no se hizo.
Además, al margen de la ley, si tanto le importa el consenso al alcalde como para retomar de cero el proceso de selección y contratación de nuevo personal -un abogado urbanista y un administrativo especializado en comunicación-, ¿por qué no trabajó en equipo desde el principio? Maroto, lejos de responder a la pregunta de la prensa, señaló que "íbamos a informar de los contratos en el próximo Consejo". Lo que no dijo es que para entonces ya no hubiera habido vuelta atrás: una de las trabajadoras había sido de alta el pasado día 3 y la otra, ayer mismo.
"Esto es una vergüenza. El alcalde ha tenido que recular porque sabe que el proceso es nulo de pleno derecho", afirmó el concejal de Bildu Antxon Belakortu. Su grupo fue el que denunció el caso la semana pasada en la Comisión de Hacienda, pero la exclusiva pilló al resto de partidos a contrapié y la noticia pasó desapercibida. Ayer, sin embargo, todos fueron a la Comisión de Empleo de las nueve de la mañana con las tareas hechas para exigir explicaciones al portavoz del equipo de gobierno en esta área, Fernando Aránguiz. No las encontraron. Y estalló la crisis.
El edil abertzale insistió en que el proceso de contratación, que había sido publicitado en prensa y realizado por una empresa independiente con la que el Ayuntamiento suele trabajar, no había sido autorizado por el Consejo. Pero también dio otros argumentos. "Se tiene que justificar la necesidad de nuevos contratos por carga de trabajo y tiene que haber dinero. Y estos supuestos tampoco se han cumplido", advirtió. El concejal del PNV Borja Belandia se sumó a la crítica y el portavoz del PSE, Patxi Lazcoz, fue más atrevido. Tras desvelar que las trabajadoras ya habían sido dadas de alta, lo que le había hecho pensar que por tanto habían firmado los contratos, aseguró que Maroto había lanzado una amenaza en la Junta de Portavoces del pasado viernes al abordarse este asunto. "Dijo que si seguíamos revolviendo, nos tendríamos que atener a las consecuencias mirando directamente al portavoz de Bildu", afirmó.
"Las declaraciones de la Junta de Portavoces son de la Junta de Portavoces", replicó Maroto en la rueda de prensa improvisada que ofreció a las doce y cuarto de la mañana. Ni desmintió la acusación ni consiguió zanjar el asunto. Belakortu, tras conocer las justificaciones del alcalde, se reafirmó aún más en su postura. A juicio de Belandia, "habría sido mejor que dijera que se ha equivocado, porque sólo así hubiera sido posible lograr ese consenso". Lazcoz, por su parte, consideró "indignante e irónico que de repente se quiera poner luz y taquígrafos a este proceso cuando hasta ahora se ha llevado a oscuras, y la sombra de la sospecha es demasiado alargada como para que esta cuestión se resuelva con un punto y aparte".
No lo habrá. Bildu y el PSE ya han pedido la comparecencia del alcalde y un consejo extraordinario de Gilsa. Además, la formación abertzale ha solicitado un informe a los Servicios Jurídicos para contrarrestar el de Maroto y conocer la factura del proceso de selección.
