Vitoria. Esperanzados, satisfechos y con ganas de colaborar. Los empresarios de la automoción de Álava recibieron ayer de forma positiva el borrador de la ordenanza para regular la venta de coches en la vía pública que ya está sobre la mesa del gabinete Maroto. El equipo de Lazcoz confeccionó este documento, que entre otras cuestiones exige a quienes deseen anunciar en la calle que su coche está en venta que obtengan un permiso municipal y abonen una cantidad simbólica. Ahora el nuevo gobierno debe decidir si lo tramita, pero desde la asociación de concesionarios (Adeada) confían en que éste sea, por fin, el paso definitivo para regular una práctica que, según denuncian, se ha extendido con la crisis.
"La situación económica ha animado a los compradores a buscar esos coches de unos 1.000 euros, pero al final lo barato puede resultar carísimo", cuenta el secretario general de Adeada, Fernando Díaz. Este experto explica que la venta de coches en la calle empezó como una salida para aquellos particulares que querían desprenderse de su coche, pero al final se ha convertido en un negocio controlado presuntamente por grupos organizados, donde "no hay seguridad para los usuarios. A veces ni siquiera el vendedor es el titular del coche, se acaba desentendiendo de la venta, manipulan el cuentakilómetros y pueden parecer vehículos en buen estado, pero que no tienen garantías".
Estas son algunas de las razones que motivaron que la asociación pidiera durante la pasada legislatura una ordenanza sobre este tema. Por su parte, la asociación vecinal Zaramaga Iparralde, preocupada por la proliferación de estos coches-anuncio y por la falta de plazas en el barrio, llegó a presentar a los grupos municipales su propia propuesta de ordenanza. Este documento recoge diversos requisitos comunes con el borrador que, en abril de este año, elaboró el equipo Lazcoz.
En estos cuatro folios se subraya que el vendedor del coche debería tramitar un permiso en el Consistorio, que duraría tres meses, obligaría al interesado a abonar una cantidad simbólica -desde el PSE hablan, por ejemplo, de un euro-, sólo podría haber una licencia por vendedor y, finalmente, ésta debería estar visible en el coche aparcado. La Policía Local sería la encargada de vigilar estos vehículos estacionados, que en cualquier caso no podrían permanecer durante más de siete días en el mismo lugar, algo que ya en la actualidad está regulado.
Este borrador también afecta, por otro lado, a los concesionarios. La normativa exige a los establecimientos de venta de coches que limiten su negocio al interior del establecimiento. Díaz asegura que ya se cumple esta condición, y que la clave es que "no se puedan ofertar coches alegremente en la calle. Y, al menos, que quien lo haga tenga cierto control". El gabinete Maroto tiene ahora la última palabra, ya que puede optar por tramitar la ordenanza heredada -un paso que podría introducir cambios durante el debate en la Casa Consistorial- o bien optar por una medida alternativa. Adeada y los vecinos, mientras, se mantienen a la expectativa.