Vitoria. Cómo ir tapando un agujero de 25 millones de euros sin que los ciudadanos lo noten. Si fuera una novela, la firmaría el gabinete de Javier Maroto. Ayer, los populares presentaron un paquete de acciones con el que esperan ahorrar de aquí a final de año diez millones de euros para garantizar la estabilidad del Ayuntamiento. La fórmula combina recortes en 126 partidas del actual Presupuesto -pactado por el PSE y el PNV- con medidas de eficiencia para hacer lo mismo con menos coste, más una cláusula: prohibido meter la tijera a las políticas sociales y de empleo. "No vamos a comprometer la calidad de vida de los actuales vitorianos ni trasladar el problema a los del futuro", se comprometió el concejal de Hacienda, Manu Uriarte.

Vayamos con el primer componente de la fórmula. El trabajo realizado dentro de todos los departamentos municipales a lo largo del último mes ha fructificado en una larga lista de recortes por un importe de 9,58 millones de euros. Se han ejecutado en función de cuatro criterios: posponer actuaciones por no ser fundamentales ahora, como las adecuaciones de los edificios municipales; redimensionar cuantías relativas a la proyección del Ayuntamiento, como ferias, viajes, publicaciones y publicidad; eliminar partidas que no se consideran ahora prioritarias, al estilo de los gastos en Montehermoso; y acabar con aquéllas que, a juicio del PP, Vitoria no tiene por qué seguir asumiendo. Es el caso de las ayudas para la compra de libros de texto, creadas en la era de Alonso.

En este último punto se detuvo Uriarte, sabedor de que podría generar polémica. Según explicó, el Ayuntamiento no va a seguir enviando dinero a la Diputación porque tanto esta institución como el Gobierno Vasco tienen planes que ya garantizan que todas las familias puedan disfrutar de estas subvenciones. "No vamos a duplicar recursos cuando, además, Educación no es nuestra competencia", resaltó el concejal.

La segunda pata del plan tiene más de imaginación que de tijera. El Ayuntamiento diseñará un plan de gestión centralizada de fondos líquidos con el área de Hacienda al frente, lo que aumentará la capacidad de negociación con las entidades bancarias y una mayor eficiencia en la gestión de los dineros de las sociedades municipales y organismos públicos del Consistorio. Es lo que se llama cash pull y se traducirá, según la previsión del PP, en 390.000 euros al año. Además, se mejorará el actual plan de inspección para que ningún ciudadano se evada de sus obligaciones gracias a la firma de un convenio con la Diputación, lo que permitirá incrementar los ingresos por este concepto en un 10%, o lo que es lo mismo, 320.000 euros anuales.

En el afán por hacer lo mismo con menos, el papel empezará a pasar a mejor vida. A partir de septiembre, los funcionarios recibirán nóminas electrónicas. Una medida de ahorro que, además, subraya el compromiso medioambiental del Consistorio.