vitoria. El gabinete Maroto baraja recuperar a Tomás Pérez Merino como responsable de Gilsa, la sociedad participada por el Ayuntamiento y el Gobierno Vasco que gestiona los polígonos industriales de Vitoria. Fuentes del PP apuntan a que Pérez Merino es el nombre que ha sonado con más fuerza para este cargo, que ya ocupó durante los ocho años de gobierno de Alfonso Alonso.

En este caso, la renovación de los consejeros de Gilsa (Gasteizko Industria Lurra SA) se presenta clave, entre otras cuestiones, para el aval que asegura el futuro del Deportivo Alavés. Maroto dio un golpe de efecto al anunciar que el Ayuntamiento avalaría -que no pagaría- los 800.000 euros que quedaban pendientes del crédito clave para la llegada del nuevo grupo inversor al club. El alcalde concretó anteayer que la fórmula sería establecer un contrato de esponsorización a través de Gilsa, una sociedad que cuenta con tres representantes nombrados por el Ayuntamiento y otro dos de Sprilur, la sociedad pública de promoción del suelo del Gobierno Vasco. Desde Sprilur dieron la sorpresa al anunciar que no tenían claro si votarían a favor de este contrato.

Sea como fuere, el compromiso de Maroto es renovar más pronto que tarde el consejo de administración. Fuentes municipales explicaron que este paso se dará en el momento en que se convoque una nueva reunión de la cabeza de Gilsa, algo que recae en el anterior ejecutivo. Entonces se procedería a la llegada de los nuevos consejeros. Este tipo de nombramientos pueden consensuarse con el resto de los grupos de la oposición, que con la llegada de un nuevo gobierno se reparten la representación en las diversas sociedades municipales, aunque en este caso se augura que los populares coparán los nombres de Gilsa.

Y Pérez Merino es el que parte con más fuerza para encabezar el cambio. Hace casi cuatro años, Pérez Merino fue sustituido por Carmen Calles, hasta entonces directora de Medio Ambiente, tras la llegada de los socialistas al equipo de gobierno. La decisión fue polémica, puesto que el PNV denunció que Pérez Merino contaba con un contrato blindado que le reconocía el derecho, en caso de rescisión, a recibir el salario bruto de dos años y tres meses. En este caso, unos 125.000 euros.