vitoria. La enrevesada trama del culebrón de Mendizorroza y Gamarra promete un final responsable. El gabinete de Patxi Lazcoz y los grupos de la oposición acordaron ayer elaborar un informe económico y de proyectos que clarifique de una vez por todas las causas del desfase de 9,4 millones de euros que ha conllevado la modernización de ambos equipamientos deportivos, el retraso en la inauguración de las piscinas cubiertas de Mendi y el recorte de su graderío. El estudio lo realizarán los servicios técnicos municipales en un plazo no superior a tres meses a contar a partir de la finalización de las obras y lo revisará el interventor. Ya que se buscan responsables, es prioritario garantizar la independencia.
Toda las miradas están puestas en el PP y el PSE, ya que el sobrecoste de 9,4 millones de euros respecto al plan original -presupuestado en 25,2 millones de euros- incluye tanto desaguisados aparentemente cometidos por el anterior gobierno del PP como a los reajustes que introdujeron los socialistas al llegar al poder para enmendar los errores y a obras que éstos incluyeron motu proprio al considerar que eran fundamentales. Pero lo que no está tan claro, por la abundancia de expedientes aprobados y por la dificultad de agruparlos, es qué parte de esa cantidad corresponde a malos cálculos de los populares y cuál a las actuaciones que se fueron añadiendo con Lazcoz. En definitiva, qué es desfase y qué es un gasto necesario. Y eso es lo que va a destapar el informe encargado.
No obstante, tras la comparecencia extraordinaria del alcalde hace unas semanas, algunos capítulos del culebrón ya han podido desenredarse. Por ejemplo, la piedra angular de la polémica: el edificio de las piscinas de Mendizorroza, que acumula ya un desfase del 22% porque el anterior gobierno de Alfonso Alonso sólo presupuestó el edificio. Es decir, ni introdujo las piletas, ni la urbanización exterior, ni la deshumectación, ni la escalera de evacuación. Además, a escasos meses de las elecciones eliminó un piso del graderío a espaldas del resto de grupos; un recorte que, según el gabinete Lazcoz, va a impedir que se puedan acoger competiciones deportivas de alto nivel, junto lo que se perseguía cuando se decidieron acometer las obras.
Es tanta la controversia que ha acompañado al proyecto que EA llegó al Pleno ayer con la intención de solicitar algo mucho más grande que un informe, una auditoría. Y aunque toda la oposición se mostró de acuerdo -el PP aseguró que está "preparado" porque la culpa de todo "la tiene el PSE"- finalmente, la concejala de Deportes convenció a los grupos de realizar un estudio en el seno del Ayuntamiento. "Hemos trabajado mucho para poner orden. Y no se necesita una auditoría, porque siempre ha habido acceso a los expedientes del proyecto, pero entiendo que estos son complejos y es razonable que se encargue un informe", defendió Maite Berrocal.