Vitoria. El Consistorio paga muy caro el techo bajo el que se cobija y desde el que presta sus servicios a los vitorianos. Este año, gastará nada menos que 2,767 millones de euros en el contrato de alquiler de las sedes municipales que se distribuyen por el Ensanche, algunas de ellas muy pequeñas y otras con problemas de accesibilidad. Un agujero profundo, aunque por suerte con fondo. El despilfarro acabará en dos años y medio, cuando empiecen a funcionar las oficinas de San Martín, un edificio con con una gran planta baja de atención ciudadana al que se mudarán los más de 600 funcionarios que ahora trabajan desperdigados, y que pasará a ser propiedad del Ayuntamiento al cabo de tres décadas, tras pagar un canon de tres millones al año.

El proyecto de San Martín, que empezará a tomar forma tras el verano, nació de la mano del equipo de gobierno socialista. Desde que tomó la vara de mando, tuvo claro que había que acabar con la fórmula del alquiler y, de paso, mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores y la atención ciudadana. Así que ideó una estrategia de optimización de recursos, con la construcción de un nuevo edificio a modo de piedra angular, e iniciativas menores como la migración de varios despachos a la vieja sede de Caja Vital en Olaguíbel -más grande- y el próximo traslado de la Oficina de Turismo a los bajos de la Casa Consistorial.

De todos los locales que ahora tiene arrendados el Ayuntamiento destaca, por lo disparatado del coste, la oficina de atención social del portal 10 de la calle San Antonio. Un regalo envenenado del PP para el PSE. El anterior gobierno de Alfonso Alonso firmó en febrero de 2007 un contrato de alquiler con el hostelero Gonzalo Antón por una duración de veinte años y con una indigesta cláusula: si el Consistorio rompía anticipadamente el compromiso debía indemnizar al dueño con siete millones. Lo que no hicieron entonces los populares fue encontrar uso a la lonja, así que dejaron una herencia a los socialistas de 12.900 euros de alquiler al mes y la obligación de buscarle un provecho a ese espacio.

Lazcoz encontró la solución al poco de empezar a gobernar, pero la idea no se materializó hasta septiembre de 2009 porque Antón se hizo el remolón con su obligación de ejecutar las obras de reforma. Para colmo, ya no son 12.900 euros lo que pierde el Ayuntamiento cada mes a cuenta del número 10 de San Antonio, sino 37.500: al coste del arrendamiento hay que sumarle el gasto de la obra, a abonar en sesenta mensualidades.

La oficina de Hacienda no se queda demasiado atrás. El número 2 de los edificios municipales más caros conlleva un alquiler de 35.000 euros mensuales. El tercero en la lista corresponde a la Oficina de Turismo, 9.000 euros, aunque este año desaparecerá del ranking con el traslado a los bajos del Ayuntamiento.