vitoria. El gabinete Lazcoz cerró ayer filas en torno a cómo ha saldado la deuda con el Gobierno Vasco por la construcción del tranvía. El equipo de gobierno se reafirmó en la idoneidad tanto de la forma de pago como de la ausencia de consecuencias que supone para otros proyectos estratégicos. Por un lado, defiende que el dinero se abonó cuando más convenía a la ciudad. Y, por otro, se reitera que inversiones como las necesarias para los nuevos centros cívicos están "blindadas".
El ejecutivo local se defendió ayer de esta forma de las críticas de la oposición que, cuando menos, le ha exigido explicaciones por el cambio de uso de esos ocho millones de euros y, cuando más, le ha acusado de hacer trampas en el solitario presupuestario. Hasta el momento, sólo se conocía la respuesta de la concejala de Hacienda, Marian Gutiérrez, quien el mismo miércoles en que el PP censuró esta actuación, defendió que el cambio de esas partidas en las Cuentas municipales no afectaría a proyectos estratégicos, puesto que se financian a través de "deuda".
No hubo nuevas explicaciones hasta ayer. Pero el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Alonso, fue contundente al defender que el pago se realizó en el momento oportuno para que "los intereses se quedaran en Vitoria". En declaraciones a la Cadena Ser, incluso aseguró que los técnicos habían defendido que la actuación del equipo de gobierno debía haber sido "aplaudida".
En cuanto a cómo afectará este episodio a la financiación de proyectos como los centros cívicos, el ejecutivo hizo un llamamiento a la tranquilidad. La concejala de Cultura y responsable en materia de centros cívicos, Maite Berrocal, insistió ayer en que "está clarísimo que la apuesta (por los centros cívicos) es estratégica y prioritaria", por lo que se trata de "cuantías blindadas con créditos de compromiso" y de unos proyectos "completamente asegurados".
Berrocal realizó estas declaraciones tras la presentación de un congreso de proximidad, participación y ciudadanía que se desarrollará entre el 24 y el 26 de noviembre en el Palacio Europa. Unas 200 personas ya han confirmado su asistencia a esta cita, entre técnicos, políticos, agentes sociales y académicos.