Vitoria. Los pueblos de Vitoria están empezando a hartarse. Pagan los mismos impuestos que la capital y, a cambio, aseguran que el Ayuntamiento les responde con "discriminación". Por eso, han decidido que ha llegado la hora de dejar de quejarse y plantear acciones. De hacerse valer. Miren Fernández de Landa, presidenta de la asociación de concejos de Vitoria (Acovi), adelantó a este periódico que se va a celebrar una asamblea extraordinaria para tomar medidas y marcar un punto y aparte en la relación con el Consistorio gasteiztarra. "Nos tratan como a ciudadanos de segunda cuando desarrollamos una labor muy importante", advirtió en nombre de los más de 5.000 vecinos que residen en la zona rural.

La gota que ha llenado el vaso de la paciencia de las juntas administrativas se vertió en el Consejo de Zona Rural de la semana pasada. Nadie sabe decir a los concejos qué hay del estudio que el equipo de gobierno se comprometió a elaborar como un anexo dentro del Plan de Movilidad Sostenible para buscar una solución a la ausencia de transporte público que sufren la mayoría de ellos: sólo 1.574 residentes disponen de autobús, así que el resto, pese a formar parte del municipio con todas sus consecuencias, debe recurrir al vehículo privado o el taxi cada vez que se desplaza a la capital, ya sea para acudir al instituto, al trabajo o al médico, o para hacer compras. "Lo llamamos el informe Bin Laden porque nos dicen que está, pero no saben dónde", ironizó Fernández de Landa, quien sospecha que, en realidad, el trabajo "no existe". De ahí que los afectados no hagan más que recibir respuestas vacías. Largas.

De hecho, hace ya dos años que colea esta historia. Cuando el Ayuntamiento anunció la elaboración del documento, con la revolución de Tuvisa como una de los pilares de la nueva estrategia de movilidad, los concejos recordaron al gobierno que ellos, como parte del municipio y por las especiales carencias del servicio de autobús en la zona rural, merecían ser tenidos en cuenta. "Por supuesto, no exigimos tener lo mismo que los barrios de la ciudad. Sabemos que no es posible, ya que hay pueblos con muy pocos habitantes. Sólo queríamos que se planteara por fin una fórmula", matizó la presidenta de Acovi. El gabinete de Patxi Lazcoz tomó el guante pero, posteriormente, alegó que iba a ser la Diputación la que se encargara de buscar una solución, ya que esta institución estaba elaborando un estudio sobre el transporte en el territorio. El Ejecutivo foral negó la máxima: el servicio en las juntas de Vitoria no es su competencia. Y la pelota regresó al tejado del Ayuntamiento.

El mismo día de la inauguración de las nuevas líneas de Tuvisa, en noviembre de 2009, el concejal de Transportes aseguró a los concejos que ya había encargado la elaboración del estudio al Aula de Ecología Urbana de Barcelona, autora del Plan de Movilidad. Así que éstos dieron su voto de confianza al Ayuntamiento. Ahora, sienten más indignación que nunca. No sólo ha pasado un año de aquello, sino que incluso se han reajustado las líneas de Tuvisa para dar mejor servicio a los barrios y la zona rural sigue sin obtener una respuesta a su demanda. A su necesidad. "Desde luego, queda claro que si Vitoria se ha convertido en Green Capital no ha sido por su atención a las juntas administrativas", criticó Fernández de Landa.

El del transporte público no es el único lamento de la zona rural. La presidenta de Acovi explicó que las dos únicas obras integrales a las que el gabinete de Patxi Lazcoz ha dado luz verde este año corresponden en realidad al presupuesto de 2009. "Ni parques infantiles ni fosas sépticas ni trabajos parciales ni nada... Con el dinero de 2010 no se han hecho más que cuatro cositas puntuales", censuró Fernández de Landa. Y todas ellas, como parte del 20% de Vía Pública, el porcentaje que deciden los vecinos, "porque el capítulo seis, el de inversiones, ha quedado congelado". Claro está, la situación molesta aún más a los pueblos cuando, por otro lado, constatan cómo el Ayuntamiento pone toda la carne en el asador para sacar adelante proyectos colosales, como el centro internacional o Kronos. En esos casos, hay ganas y dinero.

conservación de caminos

¿Quién se hace cargo?

La conservación de los caminos rurales es otro punto caliente en la relación del Consistorio con los concejos. Aunque se acaba de renovar el convenio, por el que el Ayuntamiento y la Diputación han puesto respectivamente el 40% del dinero (340.000 euros) y las juntas el 20% restante, el problema sigue en el aire. Según explica Fernández de Landa, lo que quiere el equipo de gobierno es que los pueblos acaben asumiendo el mantenimiento de estas sendas, que son de su propiedad. "Sin embargo, todo el mundo usa los caminos, porque están abiertos al público, y muchos de los concejos no tienen ni dinero ni patrimonio para hacerse cargo de esta labor".

Lo que propone la presidenta de Acovi es que se mantenga el acuerdo hasta que se arreglen todas las vías contempladas en el plan de reparaciones (hasta ahora sólo ha pasado por el quirófano la cuarta parte) y, culminada esa fase, que el Ayuntamiento ceda medios materiales a la zona rural.

La reunión de las juntas, sin duda, traerá cola. "Lo que no podemos hacer es seguir en esta línea. Así que se hará lo que la asamblea diga", sentenció la presidenta de Acovi.