Vitoria. El proyecto de las oficinas municipales de San Martín vuelve a tambalearse. Murias, la constructora que forzó al gabinete de Patxi Lazcoz a celebrar un segundo concurso al demostrar que el grupo empresarial ganador había vulnerado el pliego de condiciones, se va a ver obligada a sentar al Ayuntamiento ante el juez. ¿El motivo? El equipo de gobierno socialista ha rechazado el recurso que presentó tras el nuevo concurso, por el que pidió la nulidad de la segunda adjudicación -de nuevo a la misma UTE- y la puesta en marcha de un tercer certamen.
A la constructora no le queda otra que cumplir su amenaza. Tiene muy claro que durante el segundo concurso se produjeron infracciones que vulneraron el principio de transparencia y que le pusieron en inferioridad de condiciones respecto a la constructora ganadora, la UTE compuesta por las firmas vitorianas Lagunketa, Zikotz, Pérez de San Román y Giroa. En sus alegaciones, Murias se remonta al 13 de agosto, día en que la Mesa de Contratacion procedió a la apertura del sobre A de las dos aspirantes, correspondiente a la proposición económica. Según el pliego de cláusulas administrativas del certamen, habría que haber leído ambas propuestas para evitar la nulidad del proceso. Pero no se hizo, algo que en la Ley de Contratos del Sector Público aparece contemplado como infracción.
Además, la constructora considera que existen "serios indicios" de que se produjo un reemplazo de la oferta económica de la UTE para adecuarla a la de Murias y, de esa forma, salir ganando. Una impresión que viene dada por, según explica, "los comportamientos paradójicos por parte del Ayuntamiento desde la celebración del primer concurso, la aplicación de criterios técnicos valorados subjetivamente, la tardanza en la puesta a disposición de la documentación que debió ser leída el mismo día 13 y la reducción sustancial y repentina de la oferta económica de la UTE a pesar de contar con una grave restricción financiera".
Los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento no consideran, sin embargo, que se hayan cometido irregularidades en el segundo certamen. A su juicio, el hecho de que no se leyeran las proposiciones económicas "no desbarata la garantía de transparencia y no discriminación en el procedimiento de licitación ni ha producido indefensión". Argumentan que no se procedió a la lectura por la "complejidad y extensión" de los contenidos. Y, además, defienden que Murias "tuvo acceso al contenido íntegro del sobre A de la UTE" cuando el servicio de contabilidad determinó que ningún documento estaba catalogado como confidencial.
Definidos los dos bandos, ahora deberán ser los tribunales quienes decidan el futuro de las oficinas de San Martín y si es preciso paralizar las obras del aparcamiento, ya que estaba previsto que empezaran este mismo año. Otra patata caliente, tras el Palacio de la Música, para el alcalde de Vitoria.
