Vitoria. Borrón y concurso nuevo. El gabinete de Patxi Lazcoz acordó ayer dejar desierto el certamen para la construcción y gestión de las futuras oficinas municipales de San Martín, pese a que ya había adjudicado el trabajo de forma provisional a una UTE compuesta por cuatro firmas vitorianas, y poner de nuevo el cronómetro a cero. Un informe jurídico elaborado por la jefa del Servicio de Contratación de Hacienda con el visto bueno del letrado mayor jefe evidencia que jamás se debería haber concedido el proyecto a ese grupo de empresas -Lagunketa, Zikotz, Pérez de San Román y Giroa- porque en su propuesta introdujo una cláusula para hacer viable la operación que contradecía el pliego de condiciones del concurso. La misma que el PSE obvió para seguir adelante con el proceso: aseguró que los servicios jurídicos avalaban esa posibilidad.
Ya no. La recomendación acatada por el gobierno pone de manifiesto que ese paso "vulnera los principios de libre publicidad, concurrencia e igualdad de trato". Y da la razón a Murias, la otra empresa que se presentó al concurso -fue eliminada por su baja puntuación en el apartado técnico- y cuyo recurso contra la adjudicación provisional del proyecto a la UTE ha motivado el actual informe jurídico. Sin embargo, el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Alonso, se negó ayer a admitir que el ejecutivo haya cometido errores. Al revés, afirmó que lo sucedido "es un éxito del procedimiento y un ejercicio de responsabilidad" porque, de no haberse detenido el concurso ahora, el conflicto podría haber desembocado en un juicio contencioso-administrativo o en el Supremo con la paralización de las obras de las oficinas "durante diez años".
Acatando el recurso, esta historia quedará como "un problema que acabará en 45 días". De acuerdo con el calendario aprobado por el gobierno, ayer mismo quedó convocado un nuevo certamen, con margen hasta el 26 de julio para que las empresas presenten sus propuestas. Así que "tras las fiestas de La Blanca tendremos adjudicado el proyecto", sostuvo Alonso. Si es así, se batirá un récord: el proceso que acaba de desmoronarse arrancó en febrero.
Viabilidad Esta vez, sin embargo, el gobierno ha decidido introducir modificaciones en el concurso, concretamente en el punto relativo al parking planteado bajo el edificio, para evitar conflictos como el sufrido con la UTE. El pliego de condiciones vigente hasta ayer establecía que la empresa adjudicataria debía vender las 555 plazas, pero si transcurridos 18 meses desde su comercialización quedaban 185 sin dueño, la constructora podría proponer al Consistorio "otra modalidad de explotación" que requeriría la autorización de éste. Pero consciente de que buena parte del riesgo económico de la operación residía en dar salida a esas parcelas, y ante la dificultad de que un banco financiara una operación tan arriesgada como la que proponía el gabinete de Lazcoz, el grupo de empresas introdujo la cláusula de marras: que tras esos 18 meses el Ayuntamiento se comprometiera a adquirir las plazas no vendidas a 25.000 euros más IVA.
En el nuevo concurso, se dará la posibilidad de hacer el parking por fases. En la primera, bastará con que la adjudicataria construya el 40% de las plazas y, si pasados los 18 meses ha vendido el 90%, deberá abordar de forma obligatoria las siguientes etapas. "Así, el riesgo financiero es más viable y confiamos en que se presenten más empresas", explicó Alonso, quien admitió, no obstante, que no se ha tenido en cuenta qué pasará si la constructora no logra comercializar el 90% de los huecos.
En cualquier caso, ¿por qué no se optó por esta fórmula desde el principio? Alonso, al igual que en el caso de la adjudicación provisional, se negó a considerar un error que el Consistorio optara por una fórmula que podía echar para atrás a cualquier empresa en tiempos de crisis. "Queríamos afinar el pliego hasta el último céntimo para que esta operación fuera lo más rentable posible para Vitoria", matizó el edil, para a continuación recordar que las futuras oficinas permitirán que el Ayuntamiento deje de gastar ad eternum 2,5 millones de euros al año en alquileres. El Consistorio pagará a la contratista tres millones de euros durante treinta años y, pasado ese tiempo, el edificio será propiedad municipal.
Las reacciones del resto de partidos no tardaron en llegar. El PP atribuyó la paralización del proyecto a la "incapacidad de gestión del alcalde", quien llegó a asegurar que no iba a cambiar "ni una coma" del pliego de condiciones. El PNV ve tras este reseteo una "falta de diligencia", si bien reconoció que "sólo son dos meses de espera". EB no necesitó pronunciarse: el lunes dio una rueda de prensa clónica al recurso de Murias. Y EA anunció que pedirá la comparecencia del alcalde. "Dijo que contaba con el aval de los servicios jurídicos para seguir adelante y ahora cuenta con su aval para hacer lo contrario".
