El TSJPV obliga al Ayuntamiento a readmitir a un funcionario al que jubiló

Vitoria. Lo logró en una primera ocasión y ha vuelto a repetir su éxito ante los tribunales. Antonio Cuerda, hermano del ex alcalde de Vitoria José Antonio Cuerda, deberá ser readmitido en su puesto de inspector de Hacienda, ya que en su día solicitó legalmente ampliar en cinco años su actividad. El gabinete Alonso inicialmente y el de Lazcoz posteriormente, han tratado de evitar mediante acciones legales su retorno al Consistorio, pero la decisión que acaba de adoptar el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco es firme. No sólo deberá reincorporarse a la disciplina municipal, sino que cobrará todos los atrasos y el Ayuntamiento habrá de cotizar a la Seguridad Social por todos y cada uno de los cuatro años en los que el culebrón laboral ha deambulado por los juzgados. Y compensar lo que ha cobrado como jubilado forzoso.

Un mes antes de cumplir los 65 años, en septiembre de 2006, Antonio Cuerda solicitó prolongar voluntariamente su permanencia en la Administración, pero el gobierno municipal, por entonces en manos del PP, se opuso. Tal vez pesó en su decisión el hecho de que Cuerda, inspector de Hacienda, llevase en su día a los tribunales al gabinete Alonso por la presunta exención del pago del IAE a numerosas empresas afincadas en la capital alavesa. Jubilado anticipadamente en contra de su voluntad, recurrió la decisión y los juzgados le dieron la razón. Pero los servicios jurídicos municipales, esta vez bajo el gobierno del PSE, apelaron la sentencia. El asunto ha tenido que llegar hasta el TSJPV para que los jueces, esta vez en sentencia firme e irrecurrible en recurso ordinario, insistan en que el funcionario debe ser readmitido. Con todo el gasto económico que ello conlleve.

Antonio Cuerda siempre resultó un personaje incómodo para el anterior gobierno. En cuanto alcanzó la edad de la prejubilación, los responsables del Ayuntamiento en la época popular echaron mano de la normativa y le apartaron de la plantilla mediante una maniobra que los juzgados consideraron entonces "contraria a la buena fe". Bajo mandato socialista se solicitó ante el TSJPV la revocación del fallo previo y la publicación de una nueva sentencia a favor el Consistorio por considerar que la Administración tiene potestad exclusiva para regular las bases de funcionamiento del funcionariado. No lo han visto tampoco en esta ocasión de esta manera los jueces, que han dado la razón a Cuerda. En firme.