SIN un cierto nivel de ética y virtud política en nuestras instituciones, la desmoralización, el desapego institucional y el resentimiento pueden cundir entre la ciudadanía con el consiguiente perjuicio para nuestra convivencia democrática". Con esta máxima, el Consejo de Europa trató de inspirar, ya en 1999, los comportamientos de las autoridades locales en relación con la ética política, a menudo en entredicho por los casos de corrupción que ven la luz.

Once años después, el Síndico recomienda al Ayuntamiento de Vitoria que se sume al Código del buen gobierno local suscrito por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que recoge unos principios básicos de actuación para evitar el descrédito de la clase política, entre ellos no aceptar regalos que vayan más allá de la simple cortesía o no utilizar el cargo para favorecer intereses privados propios o de terceras personas. Fundamentos de una lógica aplastante si no fuera por escándalos como Gürtel y los trajes de Camps, que han salpicado de lleno a la línea de flotación del PP; las duras acusaciones contra Jaume Matas por los beneficios económicos obtenidos tras su paso por el gobierno mallorquín o, aquí mismo, el caso De Miguel, por el que el ex diputado alavés fue detenido junto a otras siete personas por cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

"Hemos tenido que sufrir numerosos y desmoralizadores fenómenos de corrupción que han afectado gravemente a la confianza y al crédito público", señala Javier Otaola. Basta con recordar el bochornoso espectáculo ocurrido en Marbella durante las etapas del fallecido Jesús Gil y de Julián Muñoz como alcaldes, que han convertido la capital marbellí de la jet en sinónimo de corrupción urbanística. Según los datos de la FEMP, a finales del pasado año existían en España cincuenta ayuntamientos investigados -también en Vitoria fue juzgado el ex edil de Urbanismo, Jorge Ibarrondo, finalmente absuelto de todas las acusaciones- y 800 imputados por casos de corrupción, en su mayoría relacionados con la gestión urbanística y la corrupción política.

ganarse la confianza De ahí que el Código del buen gobierno local, como la FEMP ha llamado a este texto, vaya más allá de los principios morales y establezca medidas concretas que los gobernantes han de realizar para demostrar la transparencia de su gestión y ganarse la confianza del ciudadano. Para conseguirlo, propone a los ayuntamientos crear comisiones de control y seguimiento de todos los contratos públicos que se realicen, ya que es ahí donde subyacen la mayor parte de los casos de favoritismo hacia unas personas/empresas u otras.

También, detallar el modo en que se conceden subvenciones y ayudas, cuánto dinero y a manos de quién va a parar; dar cuenta de los bienes y el patrimonio que cada concejal tiene y obtiene a lo largo de la legislatura, así como de sus retribuciones íntegras. Pero, sobre todo, austeridad y prudencia a la hora de gastar el dinero público.