vitoria. El Ayuntamiento se ha abonado a los litigios: hace tiempo que a cada concurso urbanístico le acompaña la polémica. El último recurso llegó ayer a Vitoria desde Navarra y a cuenta del proyecto del centro cívico de Salburua, que fue adjudicado recientemente a una firma vinculada a Idom, la ingeniería que ha gestado el embrión de la futura estación de autobuses de Arriaga. El estudio de arquitectura Maite Apezteguía denuncia que el Consistorio en ningún momento le notificó que había descartado su trabajo -sin ni siquiera leerlo- al considerar que no acreditaba la solvencia técnica y profesional requerida. Esa irregularidad en el procedimiento impidió que la firma conociera la situación y tratara de rebatir los argumentos municipales aportando más información.
Maite Apezteguía y Juan Carlos Linares, responsables del estudio navarro, explicaron ayer a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA que están seguros de "haber cumplido los requisitos exigidos" para acceder al certamen. Todos los participantes estaban obligados a incorporar, junto con su propuesta para el centro cívico, un edificio cultural y otro deportivo ejecutados por ellos para demostrar sus capacidades. Y, además, una de las obras ya realizadas debía costar más de dos millones de euros. Pues bien, este estudio presentó sus piscinas de Elizondo (1,9 millones) y, he aquí la clave del desencuentro, la Cámara de Gipuzkoa (7 millones). Los técnicos determinaron que este edificio, premio del COAVN en 2007, no cumple funciones culturales.
"Sin embargo, cuenta con un salón de actos, es sede de multitud de eventos y tiene un intenso programa de aulas", afirman los demandantes, quienes admiten sentirse muy indignados por "la falta de respeto" mostrada. "Nos presentamos a muchos concursos y perdemos la mayoría. No pasa nada. Pero ya que durante un mes y medio el estudio está parado para hacer el proyecto y para regalarlo, lo mínimo es que se proceda con rigor", dicen. Los afectados supieron que su trabajo había sido descartado este martes, cuando les llegó el acta que informaba de la adjudicación del centro cívico a ACXT el pasado día 6. Así que se pusieron en contacto con el Consistorio, que les derivó a uno de sus abogados. Tras esa llamada, quedaron convencidos de que debían interponer el recurso en el registro general del Ayuntamiento. Y lo hicieron en tiempo récord: justo ayer expiraba el plazo de presentación de alegaciones.
"Al abogado le ha extrañado que no se cumpliera el plazo para aclaración y subsanación de documentos, pero al final me ha dicho que 28 propuestas eran demasiadas y que había que ir quitando. ¿Acaso el objetivo del concurso no es disponer del mayor número de proyectos para elegir el mejor?", se pregunta Apezteguía, quien está dispuesta a llegar hasta el final. Si el Ayuntamiento desestima su recurso, cosa que previsiblemente sucederá, acudirá a los tribunales.
En total, han sido nueve los estudios descalificados, cinco por "no acreditar" la solvencia técnica y profesional. Una exigencia habitual de las administraciones que está generando un intenso debate en el sector, ya que cierra las puertas a los jóvenes arquitectos.
