Vitoria. El hombre de confianza de los tres alcaldes en la historia de la democracia de Vitoria, Alfredo Piris, defendió ayer su honestidad ante los tribunales pese estar imputado por un presunto delito contra la Administración Pública. El gerente de Ensanche 21 prestó declaración durante más de tres horas en el juzgado de Primera Instancia número 3 de Vitoria por amañar, según la Fiscalía, el precio de unas parcelas de Salburua en las que el Baskonia elevó el BAKH.

El fiscal jefe, Josu Izagirre, apunta a que se sortearon por ocho millones de euros unos terrenos que habían sido tasados en más del doble, por lo que ha presentado una querella contra una de las cabezas visibles del Ayuntamiento gasteiztarra.

Piris, sin embargo, niega las acusaciones vertidas contra él, en las que se le culpa de haber ocultado información sobre la subasta de dichas parcelas. Asegura, en este sentido, que posee documentos para demostrar su inocencia y que no ha cometido ninguna irregularidad.

El proceso que ha centrado esta nueva polémica urbanística se desarrolló entre 2003 y 2004, y contó con el visto bueno de todos los grupos municipales salvo EB, que se abstuvo. Un día después de conocerse la imputación, la mayoría de los partidos salieron en defensa de Piris, que ha formado parte del equipo de los tres últimos alcaldes de la ciudad: José Ángel Cuerda (PNV), Alfonso Alonso (PP) y Patxi Lazcoz (PSE). Desde que se conoció la trama, el actual Ejecutivo local ha defendido la profesionalidad del gerente y su compromiso con la ciudad.

El fiscal, sin embargo, considera que puede haber pruebas para condenarle a penas de prisión de entre uno a tres años y a una inhabilitación especial para cargo público por tiempo de seis a diez años, ya que así lo contempla el artículo 436 del Código Penal. Sin embargo, se da la circunstancia de que, actualmente, el gerente de Ensanche 21 está disfrutando de una excedencia como funcionario público para ocuparse de esta sociedad urbanística, por lo que sus abogados podrían argumentar esta realidad para solicitar que no se aplique el artículo. En cualquier caso, la decisión de seguir adelante con el caso, o archivarlo, queda en manos de los tribunales.