La Asamblea Nacional francesa cerró este domingo de forma definitiva la aprobación del proyecto de ley que crea el pasaporte de vacunas, lo que complicará la vida a quienes no se han inmunizado, tal como se había propuesto el presidente Emmanuel Macron.

La aprobación, por 215 votos a favor y 58 en contra, cierra dos semanas de intenso trámite parlamentario y varios días de votaciones de ida y vuelta en la Asamblea y en el Senado sobre versiones diferentes de la ley hasta que ambas cámaras lograron cerrar un texto común.

El Gobierno quiere que la ley entre en vigor esta misma semana a fin de intentar contener mejor la variante ómicron, que está causando más de 300.000 contagios diarios en los últimos días.

El texto sustituye el anterior pasaporte sanitario (vacunas o test negativo) por uno basado únicamente en las vacunas, lo que significa que quienes rechacen inmunizarse frente a la covid tendrán limitado su acceso a una importante serie de actividades sociales.

Solo quienes tengan una pauta de vacunación completa con tres dosis, o dos dosis con un certificación de curación de la enfermedad en los últimos seis meses o dispongan de una exención médica de la vacuna, podrán entrar en lugares culturales como cines, teatros o museos.

Igual ocurrirá con la entrada en los grandes centros comerciales, igual que a cafés, bares y restaurantes, así como en el acceso a los transportes públicos de media y larga distancia.

También aumentan las sanciones a quienes sean sorprendidos con un pasaporte de vacunas falso, que podrán ser condenados aun máximo de cinco años de cárcel y 75.000 euros de multa para quienes tengan varios documentos falsificados.

El debate parlamentario y social se enrareció hasta alcanzar el nivel de auténtica tormenta política después de que Macron dijo a comienzos de este mes que quería "fastidiar" o "joder" a los no vacunados.

Según las cifras oficiales, unos 4,9 millones de franceses que pueden vacunarse rechazan la protección, lo que supone un 7,3 % de la población nacional.

Mientras tanto, 31,6 millones de terceras dosis han sido ya administradas, indican los últimos datos del Ministerio de Sanidad.

Los actuales pasaportes sanitarios de quienes tengan solo dos dosis caducarán cuando se cumplan siete meses desde la administración de la segunda, salvo que la persona haya pasado la enfermedad en los seis meses previos.