Un tetrapléjico de 43 años, que lleva los últimos 10 inmovilizado en la cama, es el primer enfermo que ha obtenido la autorización para ser sometido al suicidio médicamente asistido en Italia, después de que una sentencia del Tribunal Constitucional estableciese ese derecho en 2019.

"El Comité de Ética (del servicio sanitario público) constató que el hombre se encuentra dentro de las condiciones establecidas por el Consejo para acceder al suicidio asistido, por primera vez en Italia", anunció hoy la Asociación Luca Coscioni, que lleva años luchando por la introducción de una ley que regule la eutanasia en Italia.

Mario -un nombre ficticio para mantener oculta la identidad del enfermo- llevaba más de un año solicitando al hospital de la región de Las Marcas (centro-este) "que verificase sus condiciones de salud para acceder, legalmente en Italia, a una droga letal para poner fin a su sufrimiento", el plazo previsto por la sentencia del Constitucional.

"Hemos conquistado en Italia el derecho de poder elegir sobre la propia vida", dijo a Efe Filomena Gallo, codefensora de Mario y secretaria de la organización, quien calificó de "cruel" haberle hecho "esperar 15 meses porque la sentencia del Constitucional ya tiene valor de ley".

Tras la primera negativa del servicio regional de Las Marcas (ASUR), un laudo de mediación y la decisión final del Tribunal de Ancona, además de dos advertencias legales a la ASUR, Mario finalmente obtuvo la opinión favorable del Comité de Ética, después de que un grupo de médicos especialistas confirmara que tiene derecho al acceso legal al suicidio asistido.

"Me siento más ligero, me he liberado de toda la tensión acumulada en los últimos años", dijo Mario, quien "ya estaba listo para irse a Suiza", según explicó Gallo, cuando acudió la asociación Coscioni, que le ha acompañado durante todo el recorrido legal necesario hasta lograr su deseo.

Ahora "proporcionaremos, en colaboración con un experto, los detalles de los métodos de autoadministración del fármaco adecuados para Mario, en función de sus condiciones. La sentencia del Tribunal Constitucional establece que a la estructura pública del Servicio Nacional de Salud sólo le corresponde la verificación de las modalidades ante el comité de ética territorial competente ", dijo la abogada.

En Italia se pueden suspender los tratamientos de apoyo vital, dar cuidados paliativos y sedación profunda, como prevé la ley del testamento biológico, "pero si Mario no hubiera sido capaz de se autosuministrase el fármaco hubiera necesitado la eutanasia directa, y eso todavía está considerado un delito", añadió.

La abogada recordó que la asociación ha presentado más de 1.2 millones de firmas -"más del doble de las necesarias"- para convocar un referéndum que permita "abrogar este delito" ante "la falta de voluntad política". "La clase dirigente italiana tiene miedo de la libertad de los propios ciudadanos, en vez de pensar en las libertades civiles, fundamentales, prefieren no pronunciarse y mantener prohibiciones que no existen en nuestra Constitución", aseguró.

La Sanidad pública "se esconde tras la ausencia de una ley que defina los procedimientos" fruto de la "parálisis de Parlamento, que tres años después de la petición del Tribunal Constitucional, sigue sin poder aprobarla", indicó por su parte Mario Cappato, tesorero de la Asociación.

"El resultado de esta irresponsabilidad institucional es que personas como Mario se ven obligadas a soportar incluso un calvario judicial, además del sufrimiento físico y psicológico causado por su condición", añadió.