- Polonia, Hungría y en menor medida Eslovenia, que este semestre ostenta la presidencia de turno de la Unión Europea (UE), acaparan las mayores preocupaciones de la Comisión Europea sobre el respeto al Estado de Derecho, de acuerdo con la segunda edición del informe sobre esta materia publicado ayer. La evaluación efectuada en estos últimos diez meses, desde septiembre pasado cuando se presentó la primera auditoría, muestra una “evolución positiva” en la mayoría de Estados miembros de la UE, pero también “graves problemas” y “preocupaciones”, que incluso aumentan, sobre la independencia del poder judicial y la situación de los medios de comunicación en algunos otros.

Polonia y Hungría no han resuelto los problemas de independencia de la fiscalía y del poder judicial en su conjunto, advierte el informe, que en el caso de Eslovenia apunta al “deterioro” de su libertad de prensa y su pluralismo.

Coincidiendo con la presentación del informe, Bruselas emplazó al Gobierno ultraconservador de Polonia a aclarar de aquí al 16 de agosto si está dispuesto a cumplir las últimas resoluciones de la Justicia europea contrarias a su controvertida reforma judicial y que su Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales. De lo contrario, Bruselas solicitará que el Tribunal de Justicia de la UE le imponga sanciones financiaras. “No vivimos en una Unión Europea de menú, donde puedes tomar lo que te gusta y dejar lo que no”, subrayó la vicepresidenta de Valores y Transparencia de la Comisión, Vera Jourová, en la conferencia de la presentación de los resultados del informe, junto al comisario de Justicia, Didier Reynders.

Las reformas del sistema de Justicia en Polonia, incluidas las recientes decisiones de cuestionar la primacía del derecho europeo, siguen siendo fuente de “graves preocupaciones”, según el informe.

La falta de eficacia en la lucha contra la corrupción, el deterioro de la libertad de prensa, la presión sobre el sistema de controles y equilibrios, así como problemas relacionados con los derechos de las mujeres y los ataques a los grupos LGBTIQ completan la lista de puntos negros polacos.

En Hungría, la tendencia también va “hacia una reducción de las salvaguardias existentes” en el sistema judicial y, a imagen de Polonia, la influencia del Ejecutivo del ultraderechista Viktor Orbán y del Legislativo en el funcionamiento del poder judicial es “creciente”, según la auditoría.

Por su parte, el Gobierno húngaro aseguró que las críticas de la Comisión Europea a la situación del Estado de derecho y la independencia de la Justicia en Hungría son sólo un “chantaje” al país por “defender a sus menores” con la reciente ley que vincula la sexualidad con la pederastia, y que Bruselas ha denunciado. “Últimamente, la Comisión chantajea a Hungría por la defensa de los menores”, afirmó la ministra de Justicia, Judit Varga, en Facebook.

Varga acusó a la Comisión de tener listo el juicio sobre Hungría “antes de escribir una sola letra del informe” y reiteró que la CE quiere obligar al país a dejar entrar en las guarderías y escuelas la ideología LGTBIQ.

Según el informe específico sobre España, la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial, pendiente desde diciembre de 2018, es uno de los “retos” a los que “sigue enfrentándose” la Justicia española. La vicepresidenta Jourová urgió a que España renueve este órgano pese a la “complejidad de la situación política, de cierto proceso de bloqueo”. “Pero tenemos que reiterar que es necesario que el CGPJ funcione”, zanjó.