- La presidencia semestral de la Unión Europea (UE), dirigida por el primer ministro portugués, António Costa, se ha propuesto poner el acento en la política social y, en ese sentido, pretende impulsar el Pilar Europeo de Derechos Sociales, una iniciativa anunciada hace más de tres años, pero aún incompleta.

En noviembre de 2017, durante una cumbre en la ciudad sueca de Gotemburgo, las tres instituciones comunitarias principales (Comisión, Parlamento y Consejo, que reúne a los países) proclamaron el pilar, veinte principios sobre igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral.

El texto aborda políticas sobre vivienda, educación o servicios sociales y contiene disposiciones para garantizar la protección de los trabajadores, los desempleados, las personas con rentas bajas, los niños procedentes de entornos desfavorecidos y personas dependientes o sin techo.

Sin embargo, esa lista no presenta un desarrollo concreto. Ya en 2017, el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, reclamó que esos objetivos no se convirtieran en un mero “poema”.

La Confederación Europea de Sindicatos (Etuc) también pidió “inmediatamente” el plan de acción para su implementación porque el pilar tenía “muy pocas iniciativas legislativas vinculantes”, recuerda su secretario general, Luca Visentini.

No obstante, han pasado más de tres años desde la cumbre social en Suecia y el plan de acción no se conoce. Está previsto publicarlo el 3 de marzo, pero la Comisión Europea ya ha adelantado propuestas para implementarlo, tanto durante el mandato de Juncker como durante el de Ursula von der Leyen. De hecho, la alemana se comprometió a presentar el plan de acción en su discurso en la Eurocámara antes de ser elegida presidenta.

El comisario de Empleo, Nicolas Schmit, asegura en una entrevista que el plan de acción “debería ser una gran oportunidad para reunir a muchas partes interesadas y ver cómo deberíamos reconstruir la economía tras esta crisis y cuál es el lugar de la dimensión social”, que “no puede estar solo en los márgenes”.

Visentini explica que el plan de acción se ha pospuesto de enero a febrero y, finalmente, al 3 de marzo, pero considera que esos retrasos están justificados porque “la Comisión Europea quiere consultar a los estados miembro y los agentes sociales antes”. Una vez presentado el plan, el objetivo es comprometerse con su implementación durante una nueva cumbre social el 7 de mayo en Oporto, seguida de una reunión informal de jefes de estado y gobierno un día después.

“Lo que esperamos de esta cumbre es que haya una especie de compromiso conjunto cofirmado por la presidencia portuguesa, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y los agentes sociales sobre nuestro apoyo al plan de acción”, comenta Visentini.

Añade que al día siguiente también los Veintisiete “deberían acordar una especie de declaración conjunta en la que aceptan implementar el plan”. “Todo esto es bastante prometedor porque asegura que no se trata solo de la buena voluntad de esa o aquella Comisión, de que ese o aquel Gobierno haga algo para implementar el pilar social, sino que hay un compromiso general que implica a las instituciones europeas, los estados miembro y los agentes sociales”, señala.

Portugal ha incluido entre sus prioridades implementar el pilar “como un elemento clave para garantizar una transición climática y digital justa”, según recoge la web de la presidencia. Lisboa apuesta por “dar un significado concreto al Pilar Europeo de Derechos Sociales en la vida de los ciudadanos” y por organizar la cumbre de Oporto para proporcionar “impulso político” a la implementación del documento y al plan de acción.

Desde Etuc, su secretario general, Luca Visentini, considera que, a pesar de las acciones que ha ido anunciando Bruselas, el plan de acción aún es necesario porque su organización busca “comprometer, en especial, a los gobiernos, no solo a la Comisión, a hacer algo sobre el terreno para implementar el pilar”.

Entre sus prioridades para el plan, menciona la convalidación a las legislaciones nacionales de normas sociales que ya se han acordado en el nivel comunitario. En segundo lugar, subraya la importancia de que los legisladores comunitarios, la Eurocámara y los propios países, aprueben nuevas iniciativas, como la de salarios mínimos que la Comisión presentó en octubre. También pide una directiva sobre los trabajadores de plataformas o legislación europea sobre el teletrabajo. Igualmente, considera necesaria una legislación europea que garantice una conducta responsable de las empresas en materia de derechos laborales.

“Hay un compromiso general que implica a las instituciones, los estados y los agentes sociales”

Confederación Europea de Sindicatos