- Los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo de la UE (los países) lograron ayer un acuerdo sobre el mecanismo que vinculará el desembolso de fondos europeos al respeto al Estado de derecho, uno de los escollos que mantienen bloqueada la entrada en vigor del plan de recuperación.
En concreto, la normativa contempla la posibilidad de suspender pagos a un Estado miembro que ha adoptado medidas que “afectan o amenazan con afectar de manera grave” la gestión del presupuesto europeo o “la protección de los intereses financieros de la UE de una manera suficientemente directa”.
Además, cubre tanto las ayudas con cargo al presupuesto comunitario 2021-2027 como las ayudas previstas en el plan de recuperación post pandemia de 750.000 millones.
Los negociadores han conseguido lograr un acuerdo en la quinta ronda de negociaciones y superan así uno de los obstáculos que están retrasando el lanzamiento el fondo de recuperación. Sin embargo, el pacto debe ser aprobado tanto por la Eurocámara como por los gobiernos de la UE.
Es en este segundo caso donde pueden surgir problemas, porque este mecanismo siempre ha contado con el fuerte rechazo de Hungría y Polonia. La normativa tendrá que recibir el visto bueno por parte de una mayoría cualificada de Estados miembros, por lo que Varsovia y Budapest no pueden vetar su puesta en marcha.
Pero sí pueden utilizar su oposición para bloquear otro de los puntos de los que depende el fondo de recuperación: Bruselas necesita el permiso de los países para poder emitir la deuda con la que financiará el proyecto y esta decisión sí que se toma por unanimidad. Queda por ver si Polonia y Hungría cumplirán ahora su amenaza de vetar este otro punto de las negociaciones.
El mecanismo que liga el desembolso de fondos europeos al respeto al Estado de derecho generó de hecho un importante debate entre los gobiernos europeos, puesto la postura de los socios del Este chocaba con la de Países Bajos, los nórdicos y el Benelux, que reclamaban un sistema mucho más ambicioso.
La eurodiputada del PSOE Eider Gardiazábal, que ha formado parte del equipo negociador de la Eurocámara, ha subrayado que se trata de un acuerdo “histórico”. “Nadie se habría imaginado hace dos años que podríamos tener un acuerdo en solo tres semanas”, ha celebrado en una rueda de prensa tras unas conversaciones con el Consejo de la UE “muy delicadas” e “intensas”.
Tanto ella como su compañero, el eurodiputado finlandés Petri Sarvamaa, han destacado que el acuerdo contempla el Estado de derecho en su concepción más amplia. Así, “cualquier violación del Estado de derecho estará cubierta por el mecanismo”, y esto incluye desde incumplimientos individuales hasta violaciones “sistémicas” o “recurrentes” del mismo.
De esta forma, se aplicará no sólo en casos de corrupción o fraude, sino ante rupturas de principios fundamentales como la libertad, la democracia, la igualdad o el respeto de los Derechos Humanos.
Además, los eurodiputados han conseguido incluir un artículo que especifica algunos ejemplos, entre los que los que están amenazar la independencia del Poder Judicial, no acatar fallos judiciales o limitar las compensaciones legales.
La Comisión Europea será la institución encargada de activar el procedimiento si entiende que un país ha violado los principios del Estado de derecho. Si después de un periodo de consultas el Estado miembro sigue sin resolver las dudas, Bruselas podrá proponer la suspensión de los pagos de fondos europeos.
El Consejo de la UE tendrá entonces un mes para adoptar las medidas propuestas por mayoría cualificada. Este plazo se podrá prologar a tres meses en “casos excepcionales”. La Comisión Europea, además, podrá garantizar que se respetan estos plazos.
1,074
En julio se acordó un presupuesto 2021-2027 de 1,074 billones de euros y un fondo de recuperación de 750.000 millones por la covid.
