la formación del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos abre la posibilidad de presentación y aprobación de los Presupuestos Generales españoles, algo que no ocurre desde 2018 dada la inestabilidad política que ha protagonizado la actividad de las Cortes. Algo reclamado una y otra vez por la Comisión Europea, que sistemáticamente ha advertido del riesgo de incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento por parte de España al vivir a base de cuentas pública prorrogadas y, por tanto, desfasadas respecto a la evolución de la situación económica, así como de sus perspectivas a futuro. Conviene, pues, analizar cuáles son los condicionantes que como socios de la UE van a tener los redactores de los Presupuestos y los límites que Bruselas puede poner a los legisladores españoles en diversos indicadores económicos. Líneas rojas que conoce perfectamente la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, que hasta su regreso a Madrid para incorporarse al anterior Ejecutivo de Pedro Sánchez, ocupaba el cargo de directora general de Presupuestos de la Comisión Europea.