Bruselas - El Pleno del Parlamento Europeo aprobó ayer una resolución en la que advierte de un empeoramiento de la situación del Estado de Derecho en Polonia y Hungría y denuncia el “fallo” del Consejo Europeo al no emplear de forma efectiva el Artículo 7 contra los dos Estados miembros. Los eurodiputados lamentaron la falta de avances significativos para revertir el “riesgo claro de violación grave” de los valores recogidos en los Tratados europeos. Con una amplia mayoría de 446 votos a favor y 178 votos en contra, el Pleno del Parlamento Europeo denuncia la tibieza del Consejo Europeo a la hora de aplicar el Artículo 7 contra Hungría y Polonia y aprovechaba la situación para advertir de un “empeoramiento” de la situación del Estado de Derecho en las dos democracias iliberales situadas al Este del bloque comunitario.

La resolución aprobada por la Eurocámara “lamenta” la ausencia de avances significativos que permitan revertir el “riesgo claro de violación grave” de los valores europeos con la aplicación del Artículo 7 sobre Budapest y Varsovia. El texto además señala que las audiencias organizadas por el Consejo Europeo “no se organizan de manera regular, estructurada y abierta” y condena el “fallo” de las capitales a la hora de aplicar de manera efectiva este mecanismo recogido en los Tratados de la Unión. Asimismo, el texto pone de relieve “la urgente necesidad” de un nuevo mecanismo que vele por la democracia, el Estado de Derecho y los valores fundamentales y que incluiría un examen anual independiente complementario al propio Artículo 7. Un mecanismo previsto en los Tratados para hacer frente a las violaciones del Estado de Derecho en el seno de la UE que, sin embargo, nunca ha llegado a término. Entre las sanciones previstas se encuentra la suspensión del derecho a voto en las decisiones del Consejo, pero cada vez más voces en Bruselas y el resto de capitales apoyan la idea de vincular el acceso a los fondos comunitarios al cumplimiento de las normas europeas.

El toque de atención de la Eurocámara no ofreció sorpresas en las votaciones. En contra de la resolución únicamente se pronunció el grupo de la extrema derecha Identidad y Democracia, la mayoría de los no inscritos entre los que figura el Brexit Party, y el grupo de Conservadores y Reformistas (ECR, por sus siglas en inglés), en el que se encuentra Vox y está liderado por Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco), la formación ultraconservadora que gobierna en Polonia.

Margallo y Monserrat Las únicas divisiones se han observado en el Partido Popular Europeo (PPE), grupo en el que se circunscribe el Fidesz de Viktor Orbán que, pese a su suspensión y potencial expulsión del grupo a finales de este mes, sigue contando con ciertos apoyos entre la formación. Los eurodiputados españoles del grupo más numeroso en la Eurocámara, como Dolors Montserrat o José Manuel García-Margallo, se sumaron a la causa de Viktor Orbán.

El debate llegaba al hemiciclo apenas dos días después de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que considera contraria “al derecho de la Unión” la legislación que restringe las donaciones privadas a las ONG que actúan en el país. Un revés que se suma a las críticas a la restricción de libertades en el país, donde se ha impuesto una narrativa xenófoba y muy crítica con la actuación de Bruselas. Así lo defendió Ramona Strugariu, eurodiputada rumana de Renew Europe, calificando de “vergüenza” la actuación política de Orbán en su país y condenando el ataque a las libertades que se está llevando a cabo en el país magyar.

Lívia Jaroka, eurodiputada de Fidesz (PPE), denunció una caza de brujas contra el Gobierno de su propio partido por parte del Parlamento Europeo, una institución que “no tiene un papel en el procedimiento del artículo 7” y que pone “en tela de juicio la independencia del Consejo y la Comisión”, según expresó la eurodiputada. En cuanto a la cuestión polaca, la decisión de la Eurocámara se alineaba de pleno con las peticiones de la Comisión Europea. Esta misma semana, la Comisión Von der Leyen sacaba músculo después de las críticas de tibieza con el Estado de Derecho lanzadas contra el nuevo Ejecutivo comunitario. El Colegio de Comisarios pidió al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que suspendiese de forma cautelar el sistema disciplinario del Tribunal Supremo por dudas sobre su independencia. Es otro capítulo más en la larga batalla política, mediática y judicial que Bruselas y Varsovia mantienen desde que el país del Este se convirtiese en el primer Estado miembro bajo la sombra del Artículo 7.