Bruselas - El 20 de diciembre de 2017, la Comisión Europeo dio un paso sin precedentes. Iniciar el proceso del Artículo 7 contra un Estado miembro por vulneraciones graves del Estado de Derecho. Dos años y varias resoluciones judiciales después, la situación no solo no ha mejorado, sino que está llegando a un punto de no retorno. Un nuevo proyecto de ley distancia todavía más a Polonia de la UE y cientos de miles de polacos han salido a las calles para denunciar la deriva de su Gobierno. La amenaza es muy seria. Y el Tribunal Supremo polaco no se ha andado con ambigüedades: si las reformas en torno al sistema judicial propiciadas por el partido Ley y Justicia (PiS) continúan, Polonia podría salir de la Unión Europea. "La evidente vulneración del derecho comunitario llevaría con toda probabilidad a una intervención de las instituciones de la UE al entender que existe una infracción de los tratados europeos, lo que a largo plazo podría conducir a que Polonia deba abandonar la Unión Europea", apuna la corte en un comunicado. Malgorzata Gersdorf, la presidenta del Supremo, ha advertido de que estas medids serían similares a las decretadas en la ley marcial de 1981 durante la era comunista en el país.

un guante lanzado en 2015 El pulso entre Bruselas y Varsovia se remonta a 2015, cuando el partido ultraderechista llegó al poder con un calendario que atenta contra los valores comunitarios fundamentales. Pero el proyecto de ley, que el Parlamento debate este jueves y viernes, y que da poderes al Ejecutivo para despedir a jueces críticos supone la cima al quebrantamiento de la separación de poderes. Las medidas han provocado protestas sin precedentes en el país que han dejado cientos de miles de personas.

La relación entre la UE y Polonia llegó a su momento álgido tal día como hoy de hace dos años. Bruselas desempolvó el Artículo 7, conocido como el botón nuclear, una herramienta que en última instancia supone el derecho de veto en el Consejo. Nunca se había llegado tan lejos, y probablemente nunca un Estado miembro había atentado de esa forma contra los pilares básicos del Estado de Derecho: la separación de poderes. Desde entonces, la Justicia europea ha declarado ilegal la controvertida ley de jubilación de jueces y ha puesto de relieve la independencia del sistema judicial. Pero esta semana, Varsovia ha ido un paso más allá poniendo sobre la agenda del Parlamento un proyecto de ley que prevé expulsar a jueces críticos con su controvertida reforma judicial.

Vera Jourová, vicepresidenta de la Comisión a cargo de Valores y Transparencia, ha enviado una carta al presidente polaco, presidentes del Congreso y Senado y al primer ministro del país pidiendo clarificaciones y más información sobre este proyecto de ley. La Comisión Europea "contempla todas las opciones" si sale adelante, segúna ha confirmado Christian Wigand, portavoz del Ejecutivo comunitarioe sta semana, en una de sus ruedas de prensa diarias.

"La Comisión Europea está preparada para involucrarse en un diálogo constructivo con las autoridades polacas y agradecería información sobre las intenciones del Gobierno en torno al nuevo proyecto de ley. Seguirá los acontecimientos de cerca con grandes expectativas de que Polonia tenga en cuenta los casos ante el TJUE", agregó el portavoz comunitario.