- Pablo Ibar confía en repetir el juicio en el que fue condenado en 2019 a cadena perpetua tras haber estado 16 años en el corredor de la muerte de Estados Unidos por un triple asesinato en Miami en 1994, por el que en 2000 se le impuso pena de muerte, anulada en 2016.

Así lo asegura su abogado, Joe Nascimento, que dio a conocer ayer a este periódico el recurso ante el Tribunal de Apelaciones de Florida contra la sentencia que impuso a Ibar cadena perpetua por los asesinatos de Casimir Sucharsky, dueño de un club nocturno, y las modelos Sharon Anderson y Marie Rogers el 26 de junio de 1994.

Y es que el letrado subrayó que el abogado de oficio que tenía Pablo Ibar en su primer juicio “no hizo bien su trabajo porque no solicitó una prueba pericial de reconocimiento facial en relación con un vídeo en el que quedaron grabados los hechos, lo que desembocó en su condena”.

Sin embargo, también quiso destacar en su comparecencia en Madrid junto al portavoz de la Asociación Pablo Ibar Juicio Justo, Andrés Krakenberger, el apoyo dado a Pablo Ibar, hispano-estadounidense de origen vasco, por ciudadanos y entidades y se ha mostrado convencido de que sin el mismo “no estaría vivo pues habría sido ejecutado por el Estado de Florida hace algunos años”.

Ahora, Nascimento ha presentado un recurso de apelación contra el último juicio en el que le condenaron a cadena perpetua, basando su argumentos en el ADN contaminado que se permitió como prueba, así como presiones al jurado.

Y es que además, el letrado también explicó que hubo irregularidades en la rueda de reconocimiento, en la que aseguran que el testigo estuvo influenciado por las fotos que le facilitó la Policía, y aunque presentaron una petición para que el juez del caso, Dennis Bailey, se “autorrecusara” por falta de imparcialidad repetida, este se negó.

En esta nueva etapa del proceso, el portavoz de la asociación anunció en la rueda de prensa la intención de iniciar una campaña de recogida de dinero para cubrir los gastos de la apelación, estimados en 200.000 dólares.

Y es que Krakenberger explicó que la anulación de la pena de muerte ha complicado “exponencialmente” la posibilidad de recibir fondos públicos.

“Afortunadamente, Pablo ya no afronta una condena a muerte ni la va a afrontar en el caso de conseguir la repetición del juicio, pues lo máximo a lo que se puede condenar es a cadena perpetua. Eso quita un gran peso de encima a Pablo y a la familia, pero dificulta exponencialmente conseguir fondos para su defensa”, resaltó. Ya que antes contaban con fondos públicos del Estado y del Gobierno Vasco que cubrían gastos para personas que estaban condenadas a muerte.

Así, según resaltó el portavoz, las aportaciones se podrán hacer bien mediante una transferencia o la página web Pabloibar.com. l