- La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha anulado el cierre de la hostelería en los municipios de Euskadi que se encontraran en zona roja por alta incidencia del covid-19, decretados por el Gobierno Vasco hace más de un año, y le impone el pago de las costas del proceso judicial y deja abierta la puerta a reclamar indemnizaciones a título individual. La sentencia afirma que el Ejecutivo aportó datos sobre la alta incidencia del coronavirus, pero no cerró otras actividades que habían “coadyuvado a su extensión”.

Estima así el recurso que interpusieron en febrero de 2021 la Asociación de Hostelería de Bizkaia, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa y SEA-Empresas Alavesas contra la clausura de bares y restaurantes en localidades de más de 5.000 habitantes en las que la incidencia acumulada en los últimos 14 días fuera igual o superior a 500 por cada 100.000 habitantes. Estas restricciones estaban recogidas en sendos decretos del lehendakari de diciembre de 2020 y de enero de 2021, que ahora han sido anulados.

Los hosteleros vascos alegaron que la medida incurría “en causa de nulidad” al no estar “motivadas” ni ser “proporcionales”, y vulneraba la libertad de empresa y el derecho al trabajo, así como los principios de seguridad jurídica y tutela efectiva.

Por su parte, el Gobierno Vasco aseguró que había motivado “debidamente” las restricciones, basadas en “el juicio de proporcionalidad que exige la Ley”. El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, consideró ayer que la sentencia “viene un poco tarde” y espera las indicaciones de los servicios jurídicos sobre la posibilidad de presentar recurso ante el Tribunal Supremo.

Por su parte, desde el sector hostelero, Héctor Sánchez, advirtió ayer de que existe “una responsabilidad” por parte del Gobierno Vasco. Subrayó que la resolución del alto tribunal vasco respalda “lo que las asociaciones de hostelería han venido defendiendo durante tanto tiempo”, que las medidas que afectaron al sector “no procedían y no estaban suficientemente justificadas”. “No se ha demostrado proporcionalidad e idoneidad. Esa es la clave”, señaló.

En este sentido, Sánchez admitió que, cuando Lakua impuso las restricciones en la hostelería “había casos”, pero “había otros ámbitos en los que también se daban contactos y en los que no se adoptaron medidas semejantes, como el laboral o el educativo, que han seguido funcionando”. “Al final, es lo que veníamos diciendo, y por eso impugnamos”, añadió.