La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha cifrado este martes en 104 millones de euros el coste de las nuevas medidas del anteproyecto de la ley del aborto que ha aprobado el Consejo de Ministros, como el permiso preparto en la semana 39 (57 millones de euros) y las bajas por reglas incapacitantes (unos 24).

Son cifras de las que ha informado Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo sobre esta ley que, entre otras cosas, acaba con el consentimiento paterno para las jóvenes de 16 y 17 años que quieran abortar y garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública.

Según Montero, el coste del nuevo permiso preparto, que será a partir de la semana 39 de embarazo, costará 57 millones de euros, el de las bajas por menstruación incapacitante, que serán asumidas desde el primer día por la Seguridad Social, 23,8 millones de euros; y la dispensa en institutos y centros penitenciarios de productos de anticonceptivos, unos 300.000 euros.

La nueva ley del aborto, que ha aprobado esteeste martes el Consejo de Ministros, no incluye, sin embargo, el IVA superreducido del 4 % para los productos de higiene femenina ante la negativa del Ministerio de Hacienda, según había avanzado la ministra de Igualdad, Irene Montero, en una entrevista en la Cadena Ser, que, no obstante, ha dejado claro que lo seguirá "peleando" y se volverá a negociar en los presupuestos del Estado.

Montero ha confiado en que en esta legislatura se avance de forma decidida en ello y ha subrayado que "con el sobrecoste de las obras de la M-30 se hubiesen pagado 69 años de una reducción de los productos de higiene menstrual".

La ministra también ha recordado que un 22 % de las mujeres dice que no puede pagar estos productos porque "no tiene una economía que se lo permita".

Montero ha confirmado que el texto de la ley ya está cerrado y hay acuerdo para la baja laboral en caso de menstruaciones dolorosas con coste a cargo de la Seguridad Social desde el primer día y con la duración que necesite cada mujer.

Ha explicado que se regulará a través de una incapacidad temporal especial y ha valorado que el Estado será el primer país de Europa que comenzará a hablar de una cuestión que hasta ahora se ha vivido desde "el tabú y la vergüenza".