El tío plasta que no sabe aceptar una negativa a sus proposiciones por parte de una compañera de carrera aunque el “no” de ella tenga el tamaño de la Torre Eiffel. El que directamente pasa a mayores y llega al abuso sexual. Violaciones, dentro o fuera del campus. El acoso vertical de un profesor que se propasacon sus alumnas o doctorandas amparado en la evidente relación de poder. Discriminación laboral por razón de sexo, acoso sexual en el trabajo... La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) ha roto la omertá, el pacto de silencio que tradicionalmente ha protegido a los acosadores en organizaciones fuertemente jerarquizadas, como las universidades.
Poner cerco a la impunidad ha sido posible gracias al Protocolo contra las Violencias de Género, cuyo objetivo es el de “acoger, escuchar, acompañar y reparar a las víctimas de las violencias de género”, explica a NTM la directora para la Igualdad de la UPV/EHU, Elena Leiñena. Desde su puesta en marcha en 2017, la Dirección de Igualdad de la universidad pública ha atendido 67 casos de violencias de género: algo más de la mitad se corresponden con agresiones físicas, el 31% con acoso sexual, el 10% con violencia psicológica y casi un 8% con acoso por razón de sexo. Según Leiñena, durante ejercicio 2021 se registraron un total de 24 denuncias aunque la mitad (12) eran casos sin cerrar del año anterior a los que se hizo un seguimiento intermedio. Del total de las quejas nuevas, seis fueron interpuestas por alumnas, tres por profesoras y las otras tres por trabajadoras de administración y servicios.
Aunque la UPV/EHU mantiene una política de tolerancia cero frente a las violencias, la directora de Igualdad apunta que hay que “relativizar” el alcance de estas cifras ya que en la universidad conviven a diario más de 45.0000 estudiantes, 4.000 docentes (PDI) y 2.000 trabajadores de administración y servicios (PAS). No obstante, esta profesora de Derecho de la Empresa y Derecho Civil es consciente de que las 67 denuncias “no quieren decir que no haya más casos, solo representan los casos que afloran y llegan a la Dirección de Igualdad”.
Para Leiñena, el protocolo “es un instrumento de primer orden para reconducir situaciones que no tienen cabida en nuestro entorno y mucho menos en la universidad” y que ni siquiera “se tomarían en consideración” en el ámbito judicial. Y si se tomasen, aclara, “no se resolverían con la misma agilidad y mimo que desde esta Dirección se intenta imprimir a cada queja”. No en vano, en muchos casos, las personas implicadas pueden pasar tres o cuatro años en el mismo campus y lo que se pretende es que “la UPV sea un espacio seguro y que se acaben los estudios con el menor coste emocional”.
La profesora explica que el protocolo no es un servicio de mediación, es decir, no intercede entre la víctima y el supuesto agresor. La intervención de la Dirección de Igualdad supone “el acompañamiento de la víctima, el estudio del caso y luego recomendamos una serie de medidas reparatorias para tratar que esa persona siga con sus estudios, o si es PAS o PDI siga en su puesto de forma segura. Ese es nuestro objetivo”. Tampoco suplanta el papel de la policía o de la justicia. Es más, si en el curso del expediente se detecta que los hechos pueden constituir un delito, la Dirección los pone en conocimiento de la Fiscalía. Y si la mujer lo solicita, la universidad la acompaña en la decisión de acudir a la Ertzaintza.
En los supuestos más graves sí se activaría el protocolo, implementando las medidas cautelares o las recogidas en la sentencia dictada por la justicia. En 2021, por ejemplo, se impidió el acceso a clase a un estudiante de máster implicado en un caso de sumisión química cuya causa está aún pendiente de juicio. “Se habló con los coordinadores del máster y el joven tuvo que seguir sus estudios de forma on line a los que tiene derecho”, relata Leiñena. Afortunadamente, dice, la casuística de la violencias que atiende la Dirección de Igualdad no tienen por qué tener naturaleza delictiva, lo cual no es óbice para solicitar la aplicación de medidas cautelares internas “idóneas y proporcionadas” mientras se cierra el procedimiento sin modificar sustancialmente las condiciones de estudio o trabajo de la denunciante.
Entre el alumnado la mayoría de las quejas guardan relación con el acoso sexual y la violencia física. En general, comenta Leiñena, “nos llegan casos de naturaleza sexual chico-chica, situaciones en las que la chica dice que no y él sigue dando la matraca de forma inadecuada al punto de incomodar a la estudiante”. Entre el profesorado y el PAS, las quejas más habituales tienen que ver con la discriminación por razón de sexo o la presión psicológica y, en ocasiones, “se entremezclan con el acoso laboral”, lo cual, además, suele seguir una vía disciplinaria a través del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador y la Gerencia.
También se han planteado varios casos de violencia vertical. “He detectado más acosos ambientales, situaciones en las que un profesor actúa de una manera inadecuada: no mantiene las distancias o invade los espacios individuales de las chicas en concreto, pidiendo teléfonos o proponiendo planes fuera de la universidad”, asegura. La Dirección de Igualdad intervino el año pasado en un problema de esta índole denunciado por un grupo de estudiantes contra uno de sus profesores. “Han sido muy valientes y lo han hecho muy bien porque han actuado con total discreción y han salvaguardado en todo momento la confidencialidad del proceso, lo que en parte ha hecho que el proceso se haya resuelto satisfactoriamente”, asegura Leiñena.
Según esta abogada en ejercicio, “estas chicas se han sentido muy agradecidas porque han sido escuchadas y acompañadas, se han consensuado con ellas las medidas cautelares y las definitivas y se han sentido resarcidas”. Entre otras medidas, otro docente evaluó a este grupo de alumnas y el profesor acusado acabó asumiendo su error ante ellas. “Una medida recomendada puede ser el reconocimiento del profesor que ha producido ese acoso ambiental asumiendo su responsabilidad. La asunción de la responsabilidad por parte del agresor tiene una gran capacidad de reparación de las víctimas”, afirma Leiñena, quien sostiene que “en general las estudiantes no piden que se eche a nadie, las medidas tienen que ser proporcionadas y ajustadas”.
Estas soluciones intermedias hablan por sí solas de la complejidad jurídica que la aplicación del protocolo conlleva a cada paso. Y, según Leiñena, para implementarlo correctamente “es imprescindible el apoyo institucional, la Dirección no podría hacer nada sin el apoyo de la rectora y de su equipo rectoral hacia la erradicación de cualquier violencia”.
“El objetivo del protocolo es el de acoger, escuchar, acompañar y restituir a las víctimas de las violencias de género”
“La asunción de la responsabilidad por parte del agresor tiene un gran poder de reparar a las víctimas”
“Hay situaciones en las que un profesor actúa de forma inadecuada con las alumnas”
Directora de Igualdad de la UPV/EHU
