- El Consejo de Ministros aprobó ayer la reforma de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que, entre otras medidas, incorpora un nuevo contrato indefinido para científicos y técnicos y garantiza una financiación de la I+D+i pública estable y creciente para converger con Europa. La reforma “viene a reparar los fallos del sistema de ciencia e innovación agravados durante décadas de recortes, que provocaron la destrucción de miles de plazas públicas, precariedad en las carreras, envejecimiento de plantillas, fuga de talento y un tapón para toda una generación”, aseveró la ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que dio luz verde al proyecto de ley, dijo que es “un texto transformador” que cumple con dos demandas unánimes de la comunidad científica y la sociedad: dignificar las condiciones de trabajo de los investigadores y garantizar una financiación pública. “Por primera vez incorporamos por ley el compromiso de alcanzar una inversión pública en I+D+i del 1,25% del PIB en 2030”, recalcó Morant, quien agregó que con el apoyo del sector privado permitirá llegar al compromiso del 3% que establece la UE.

Esta estabilidad en la financiación pública “no sometida a los vaivenes políticos” es “una gran reivindicación histórica de la ciencia” y supone “blindar por ley que el sistema público disponga de los recursos para seguir creciendo, modernizando sus infraestructuras y creando más y mejores oportunidades para nuestros científicos”. Uno de los principales objetivos de la norma es poner fin a “la precariedad endémica” del sistema para lo que, entre otras medidas, incluye un nuevo contrato indefinido para científicos y técnicos asociado a líneas de investigación.

Está alineado con la reforma laboral, no está sujeto a oferta pública de empleo ni tasa de reposición y no necesita autorización previa si dispone de financiación externa o procedente de convocatorias en concurrencia competitiva. El texto contempla un nuevo itinerario científico posdoctoral encaminado a la estabilidad que redefine la vigencia del contrato de acceso, con una duración de entre 3 y 6 años y con una evaluación a partir del segundo año que servirá para promocionar o mejorar el salario pero no para ser despedido. Otra novedad es que se reconoce el derecho a la indemnización por finalización de contrato para posdoctorales y predoctorales, un derecho que se extiende a los contratos vigentes a la entrada en vigor de la ley.

El texto, que en audiencia pública recibió más de 4.000 aportaciones de asociaciones e investigadores a título particular, recoge una batería de medidas para estimular la atracción y movilidad del talento. Por ejemplo, los quinquenios -que conllevan complementos específicos- del personal de investigación de los organismos públicos de investigación (OPI) evaluarán y reconocerán por primera vez todos los méritos realizados anteriormente en el sector público y en cualquier universidad, tanto en España como en el extranjero.

Transferencia. La ley aborda “la asignatura pendiente” de la transferencia de conocimiento, que reconoce como derecho, obligación y mérito. Entre otras medidas, incorpora el sexenio de transferencia, por el que se podrá evaluar a efectos retributivos y de promoción la actividad de los investigadores enfocada a la transferencia de resultados. En cuanto a la igualdad de género, le da seguridad jurídica en el sistema de la I+D+i, con medidas como la obligatoriedad de planes de igualdad en todos los centros.