- El Gobierno Vasco y Eudel firmaron ayer un acuerdo para que los ayuntamientos vascos oferten, de forma voluntaria, plazas para el cumplimiento de penas de trabajo en beneficio de la comunidad. El objetivo del acuerdo, firmado en la sede de Gasteiz de la empresa de reciclaje de ropa usada Berjantzi, gestionada por Cáritas, es dar un impulso a estas ejecutorias penales, pues a raíz de la pandemia muchas de las actividades para la resocialización de las personas presas se han reducido o incluso eliminado. El acuerdo fue firmado apenas un mes después de que el Gobierno Vasco comenzara a gestionar la competencia en materia penitenciaria, traspasada a Euskadi el pasado mes de octubre.

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal; y el presidente de Eudel y alcalde de Vitoria-Gasteiz, Gorka Urtaran, rubricaron el documento para incidir en una línea, la de los trabajos en beneficio de la comunidad, que en la actualidad realizan cerca de 12.000 personas en Euskadi. “Necesitamos que aumenten las plazas destinadas a que estas personas privadas de libertad puedan cumplir sus condenas alejadas de un centro penitenciario”, dijo Artolazabal, que hizo extensiva esta petición a las entidades del Tercer Sector Social como Cáritas.

“Nuestro compromiso es facilitar que el mayor número posible de personas puedan cumplir su pena dentro de su municipio y evitar así el desarraigo de su entorno familiar, social y laboral”, afirmó por su parte Urtaran, quien destacó el “doble beneficio” que suponen estos trabajos para la calidad de vida de la persona y, a la vez, para el bienestar de la comunidad local.

La idea es que este tipo de labores estén relacionadas con la infracción cometida. Así, la alternativa para quien haya cometido un delito relacionado con el tráfico puede ser la realización de talleres de seguridad vial, o el trabajo con personas que hayan sufrido un siniestro. “Démosles esa oportunidad para resarcir a la sociedad tras haberla fallado”, dijo Artolazabal.

Ambas instituciones acuerdan promover y potenciar la oferta de plazas “mediante la suscripción de convenios de colaboración individualizados” que tendrán una vigencia de cuatro años. Para ello se establecerá una comisión de seguimiento compuesta por dos representantes de cada una de las partes, que tendría, al menos, una reunión al año.

El compromiso del Gobierno vasco es hacerse cargo de la cobertura de contingencias que corresponde al Instituto Nacional de Seguridad Social, así como de la “gestión, coordinación y seguimiento de la pena mediante contactos con los responsables del trabajo del ayuntamiento o mancomunidad”.

Por su parte, las entidades locales deben reservar plazas para el cumplimiento de las penas, aportando los conocimientos y la preparación necesaria para que se pueda realizar el trabajo de manera eficaz. Cada entidad local deberá realizar el seguimiento del trabajo realizado y elaborar un informe de valoración una vez finalizado el plan de ejecución.

Medidas Ejecutorias. En 2020, 3.085 nuevas ejecutorias se añadieron a las 3.132 en desarrollo del año anterior. En 2021, llegaron 6.316 ejecutorias, que se unieron a las 5.701 de 2020. El año en que estalló la pandemia dejó un porcentaje muy alto para el siguiente ejercicio.

Perfiles. Se trata en su mayoría de hombres (89%) de entre 31 y 50 años. La mayoría procede de Bizkaia, un 60%; mientras que Araba y Gipuzkoa presentan sendos porcentajes del 20%.