- La reforma del impuesto de la plusvalía municipal aprobada ayer por el Consejo de Ministros permitirá al contribuyente elegir si paga por la ganancia real obtenida con la venta de suelo o por la resultante de aplicar el sistema objetivo, en tanto que estará exento de pago cuando la operación no reporte ganancia alguna. El Ministerio de Hacienda destaca que con los cambios introducidos por decreto-ley se devuelve la constitucionalidad al impuesto para que refleje la realidad del mercado inmobiliario y para garantizar que los contribuyentes no tengan que pagarlo si venden un inmueble a pérdidas.
La norma restablece la exigibilidad del impuesto -de alto impacto en las arcas municipales-, que había quedado en suspenso con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) del pasado 26 de octubre, lo que evita el riesgo de que los ayuntamientos sufran una merma de recursos que pueda suponer un aumento del déficit o el deterioro de los servicios que prestan a los ciudadanos.
El alcalde de Gasteiz y presidente de la Asociación de Municipios Vascos-Eudel, Gorka Urtaran, consideró ayer “positivo” que el Gobierno español haya actuado de forma “rápida” para adecuar el impuesto sobre la plusvalía municipal a la sentencia del TC y afirmó que las instituciones vascas deben reunirse en un plazo de “días” para adaptar su propia normativa “con diligencia” y de forma “armonizada” entre Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. Urtaran explicó que será necesario analizar la “letra pequeña” del decreto y, con posterioridad, adaptar de forma “rápida” la normativa foral de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa en relación a esta figura impositiva.
La adaptación de las normas forales sobre el impuesto de plusvalía municipal a la nueva normativa estatal ha de hacerse de forma “armonizada” entre los tres territorios históricos de Euskadi. En este sentido, Urtaran avanzó que Eudel ya se ha puesto en contacto en torno a este asunto con las diputaciones forales y con las Juntas Generales de los tres territorios. El Órgano de Coordinación Tributaria tendrá que analizar el decreto estatal para luego adaptar las referidas normas forales de forma “armonizada”. El inicio de este proceso, según indicó, debería producirse “en cuestión de días”, ya que “hay que actuar con diligencia”.
La última sentencia del TC estableció que el impuesto local sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), conocido como la plusvalía, se calcula con un sistema objetivo y obligatorio ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y a la capacidad económica demostrada por el contribuyente. Para adecuar el impuesto a esta sentencia, la reforma aprobada ayer por el Consejo de Ministros establece con claridad que las operaciones donde no haya un aumento de valor no estarán sujetas a tributación y que se deberá constatar a instancias del contribuyente que no se ha obtenido ganancia alguna.
En caso de ganancia, el método de cálculo será optativo, con lo que el contribuyente podrá elegir entre pagar conforme al nuevo sistema objetivo o en función de la plusvalía real. De esta forma, el contribuyente podrá reclamar que se le aplique la plusvalía real si la diferencia entre el valor de transmisión y el de adquisición es inferior al resultante de la estimación objetiva.
Se sustituyen los porcentajes anuales aplicables sobre el valor catastral del terreno por unos coeficientes máximos, en función del número de años transcurridos desde la operación. Los ayuntamientos tendrán competencia para rebajar esos coeficientes, en tanto que también podrán rebajar hasta un 15% los valores catastrales para garantizar que el tributo se adapte a la realidad inmobiliaria de cada municipio.
Por este método, la base imponible del impuesto será el resultado de multiplicar el valor catastral del suelo en el momento del devengo por los coeficientes que aprueben los ayuntamientos. Los coeficientes máximos establecidos en la norma estatal van desde el 0,13 cuando haya transcurrido un año entre la compra y la venta hasta el 0,45 cuando hayan pasado 20 años o más. Estos coeficientes se actualizarán anualmente en los presupuestos generales del Estado en función de la evolución del mercado inmobiliario.
Como novedad, serán gravadas las plusvalías generadas cuando entre la fecha de adquisición y de transmisión ha transcurrido menos de un año y que, por tanto, pueden tener un carácter más especulativo. Esta opción ya se está aplicando en algunas ciudades. Alrededor del 50% de los Ayuntamientos tienen establecido este impuesto, el segundo más importante tras el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que en 2019 permitió recaudar unos 2.500 millones de euros.
Estos municipios tienen ahora un plazo de seis meses desde la entrada en vigor del decreto-ley, que será un día después de su aplicación en el BOE, para adecuar sus normativas al nuevo marco legal.
La norma, que no podrá aplicarse con carácter retroactivo, cerrará el vacío legal generado por sentencia del TC, lo que -según el Gobierno- acota posibles distorsiones en el mercado inmobiliario, evitando que esta circunstancia se convierta en un incentivo para acelerar operaciones inmobiliarias que esquivaran la tributación.
