- Nada hacía sospechar la tarde del 7 agosto de 1996 a los más de seiscientos veraneantes que estaban en el camping Las Nieves de Biescas (Huesca) que el oscuro cielo que se cernía amenazante sobre ellos deviniera en una tragedia que, 25 años después, todavía impregna de barro y dolor el alma de los supervivientes. Uno de ellos Sergio Murillo, que recuerda como una gran ola golpeó la tienda de campaña en la que se encontraba junto a sus padres y a dos hermanos, ninguno de los cuales consiguió sobrevivir. Un cuarto de siglo después, Sergio, que tenía entonces 16 años, recuerda aún que el tsunami “vino de golpe y no nos dio opción”, llevándose 87 vidas y dejando más de 180 heridos.

En la memoria de las víctimas y de los integrantes de los equipos de rescate queda, sobre todo, la generosa y cálida solidaridad de los vecinos de Biescas y de otros habitantes de valle, volcados en acoger y dar calor y afecto a los campistas y en alimentar a los rescatadores. Y después empezó un largo proceso judicial que se prolongó una década y que dejó fuera a algunas de las familias de las indemnizaciones impuestas por vía civil a las administraciones responsables -Confederación Hidrográfica del Ebro y Gobierno aragonés- por un importe de algo más de 11 millones de euros.

Murillo, casado ahora y con tres hijos, asegura tener un “sabor agridulce” ya que aunque la Audiencia Nacional concluyó que la tragedia era previsible, considera que “las instituciones no cometen delitos, lo hacen las personas, y los verdaderos culpables de esto se han ido de rositas”. En julio de 2000, la Audiencia de Huesca archivó la causa penal y descartó la imputación de responsables de ambas instituciones tras considerar que la tragedia era “imprevisible”, y sin dar valor a un informe emitido unos años antes del suceso, en abril de 1987, por un técnico del Gobierno aragonés, Emilio Pérez Bujarrabal, quien advertía del riesgo para las personas derivado de la ubicación del campamento.

“Una opinión más”, argumentaron los magistrados del tribunal oscense al cerrar el caso, en una decisión que llevó a algunos de los afectados a “bajarse del carro” de la batalla legal. La sentencia civil de la Audiencia Nacional aún tardó 5 años más, y el pago de las indemnizaciones otros dos, mientras continuaba la “sensación fría del barro en nuestras almas, recordaba un tiempo después la médica barcelonesa Magda Ballcels, víctima también de la tragedia. Uno de los abogados que intervino en la causa, el letrado oscense Ricardo Orús, reconoce que el “macroproceso” de Biescas fue un “verdadero calvario judicial” desde sus comienzos, con el inicio de una tramitación penal que “no fue ejemplar” ni en la que tampoco percibió “la colaboración de la Fiscalía de Huesca”.

“Fue un procedimiento especialmente duro para mí en lo personal por el sufrimiento que arrastraron las familias”, asegura este letrado, para quien todo el proceso judicial, tanto el penal como el civil, enfrentó a “David [las víctimas] contra Goliath [el Estado]”, y que finalmente se saldó con condenas a las administraciones debido a la “honradez” del funcionario que advirtió de la posible tragedia.

Memoria

Este año se decidió no convocar ningún acto memorial, en parte por los riesgos de la pandemia y en parte por el intento de los vecinos de “pasar página”. No obstante, se han colocado dos centros de flores en el monumento que continúa recibiendo visitas de afectados o de simples ciudadanos. A poca distancia, una valla metálica sobre la que cuelga desde hace años un osito de peluche en recuerdo de los niños que perdieron la vida mantiene cerrado el paso al lugar donde se encontraba el camping.